Las facturas ''irregulares'' de Alarcó podrían superar los 440.000 euros

El Cabildo de Tenerife ha remitido al Protectorado de Fundaciones Canarias las facturas consideradas “irregulares” correspondientes al mandato del senador popular Antonio Alarcó en la Fundación Canaria de Salud y Sanidad de Tenerife. Segúin la auditoría encargada por la corporación insular, estas ascienden a 439.000 euros, una cantidad que puede alcanzar el medio millón de euros, “al aparecer nuevas facturas casi a diario”.

El organismo dependiente del ejecutivo regional será el encargado de tomar las medidas oportunas. Esta fue la decisión adoptada este jueves por el pleno extraordinario de la corporación con la notable ausencia del Partido Popular (PP), que había solicitado la suspensión cautelar del mismo a la Junta Electoral Provincial. Sin embargo, este órgano acordó no acceder a esta petición, al considerar que “no tiene cobertura legal” para impedirlo, por lo que el pleno extraordinario se celebró en la forma prevista.

El consejero insular de Sanidad, Aurelio Abreu, explicó que, con fecha de julio 2011, se realizó un informe del área solicitando una auditoría externa desde 2009 hasta 20011, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno. PricewaterhouseCoopers se encargó de la misma y detectó, según su informe, diversas irregularidades en los análisis realizados a la gestión realizada, especialmente, en la Fundación Canaria de Salud y Sanidad de Tenerife.

Como resultado del estudio, destacan, según el informe que ya ha publicado en varias entregas CANARIAS AHORA, supuestas anomalías en la facturación y contratación por parte de la Fundación, entre otras gestiones, que se traducen en unos 98.583 euros, a los que es necesario sumar otras cantidades analizadas que fueron transferidas, supuestamente, al Instituto Médico de Tenerife (Imetisa), también dependiente del Cabildo Insular, y que ascienden a cerca de 340.000 euros, entre las que se incluyen casi 52.000 euros en cuentas pendientes.

En total, según la suma de todas las facturas estudiadas con algún tipo de reparo, la cantidad “irregular” asciende a 440.000 euros y podría alcanzar los 500.000 si se sigue ampliando el número de errores, incumplimientos o faltas de justificación con respecto al objeto de la Fundación detectados con la llegada de nuevo material.

Según denunció Abreu, tan solo en gastos de publicidad existe una deuda de más de 80.000 euros que “deben justificarse”. De hecho, según los datos que maneja el Cabildo, las partidas destinadas a publicidad y propaganda se incrementaron un 990 por ciento en 2010 con respecto al año anterior. A estas críticas se sumó Valido, quien rechazó el “derroche” en publicidad y propaganda del área, “porque Imetisa no lo necesita”, así como los numerosos puntos que “no se pueden probar”.

Por ello, la consejera afirmó que este asunto “debe resolverse lo antes posible” ya que el informe expone claramente que en cuatro años “no se ha corregido la vulneración más clara de los procedimientos establecidos para la contratación a los que han de someterse todas las empresas públicas y fundaciones”.

Asimismo, lamentó la ausencia del PP en este pleno y afirmó que “no hay excusa que pueda justificarla”. Aseguró, además, que con esta auditoría “no hay intento de perjudicar la imagen de nadie”, puesto que, cuando se encargó la misma, “nadie sabía que iba a haber elecciones en noviembre”, aclara.

Con respecto a por qué no se actuó con anterioridad, Valido aclaró que el Cabildo “no tenía por qué suponer que un consejero no cumple con la legalidad hasta que llega otro nuevo, en este caso Aurelio Abreu, y empieza a abrir los cajones”. Además, asegura que no sospecharon porque Alarcó “siempre remitía informes al Consejo de Gobierno, pero rara vez traía un expediente”.

Al respecto, el consejero socialista José Luis Delgado afirmó que esta situación es “la que conduce a los ciudadanos al desencanto que tienen” y que, por asuntos de este tipo, “pagamos justos por pecadores”. “No se puede utilizar el dinero público como propio”, afirmó, a la vez que insistió en que las fundaciones deben enviar anualmente su memoria de gestión y el resultado de sus cuentas al Protectorado de Fundaciones Canarias, a quien se remitirá ahora esta auditoría.

Contenido

La Auditoría detecta gastos incurridos por la Fundación Canaria de Salud y Sanidad para los que “no existe documentación o información que permita determinar que los mismos corresponden al objeto de su labor”. Además, entre otros aspectos, el documento señala que la misma no realizó la auditoría de sus cuentas anuales del ejercicio 2009, por lo que la Fundación “incumple” el acuerdo del Consejo de Gobierno de ese año.

También ha incumplido “total y absolutamente” la normativa vigente en materia de contratación administrativa, ya que “se observan contrataciones con el mismo proveedor y similar objeto constitutivas de fraccionamiento contractual”, mientras que en materia de selección de personal, el informe de Intervención del Cabildo considera que “se han incumplido los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

Además, se detectó la existencia de contrataciones que, “superando los límites del contrato menor, se tramitaron como tales”. Sin embargo, según la normativa, debería haberse acudido al procedimiento de negociado sin publicidad y haber solicitado ofertas al menos a tres empresas. Además, se observó la presencia de una persona contratada desde mayo hasta diciembre de 2009, con retribuciones anuales de 13.700 euros, para la que no consta contrato firmado.

Cuentas

Por otro lado, PricewaterhouseCoopers también observó un descubierto por importe de 30.000 euros en una cuenta corriente que la Fundación tiene en La Caixa, mientras que, según destaca el Interventor, también existe una cuenta corriente en Caja Siete que no se tiene registrada en contabilidad. Asimismo, a 31 de diciembre de 2010, el informe señala que la misma presentó un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social.

Según se desprende del trabajo de la auditoría externa, entre las restantes anomalías se detectan numerosos anticipos a proveedores que presentan saldos pendientes y constituyen “una irregularidad aministrativa” cuyo saldo “debe ser repuesto de inmediato por el perceptor”, indica el órgano Interventor en su informe relativo a los contenidos de la auditoría.

También se han encontrado transferencias a la sociedad pública del Cabildo Imetisa que incumplen la normativa en materia presupuestaria que le es de aplicación. Además, no se ha podido verificar la existencia de diversas facturas de gastos contabilizados, por lo que PricewaterhouseCoopers considera que “los gastos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias están sobrevaloradas”, mientras que tampoco registró en su cuenta de pérdidas y ganancias numerosos gastos.