El fiscal pide imputar a dos redactores del PGO
El Ministerio Fiscal pidió a la juez, Juana María Hernández, que paralizara la declaración de dos de los tres redactores del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz con el fin de que presenten en el plazo de un mes diversa documentación. A partir de aquí se determinará si Leopoldo Tabares de Nava y Fernando Senante son de nuevo llamados a declarar en calidad de testigos como ocurrió el jueves o pasan a ser imputados por presunta falsificación documental. De hecho, la Fiscalía ha solicitado ya que comparezcan en esta última condición procesal, aunque todavía la titular de Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz no ha tomado una decisión en firme.
La ronda de declaraciones duró más de cuatro horas, comenzó con Leopoldo Tabares de Nava y fue interrumpida al poco tiempo a petición de la Fiscalía y de las acusaciones particulares integradas por los abogados Felipe Campos, Antonio Espinosa y José Pérez Ventura. Otro tanto ocurrió a continuación con Fernando Senante, jurista del documento, que deberá también presentar la documentación requerida. Sin embargo, en el caso de Juan Manuel Palerm, por ahora se mantiene su condición de testigo y no se ha pedido su imputación. La situación jurídica de Tabares de Nava y Senante se considera muy dudosa y tendrán que demostrar documentalmente que no tuvieron nada que ver con las variaciones sustanciales que se identificaron en el PGO que a finales de 2009 y principios de 2010 circulaban por el Ayuntamiento. En esas fechas el exalcalde, Miguel Zerolo, pretendió aprobar el documento justo cuando más arreciaban en las calles las protestas por los ciudadanos que habían visto como sus propiedades quedaban fuera de ordenación.
Según las fuentes consultadas la modificación del planeamiento ha quedado perfectamente acreditada por medios informáticos y ahora le tocará a los aún testigos demostrar que no tuvieron nada que ver con esa alternación. El viernes le tocará declarar también en esta misma condición al entonces secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, que el lunes volverá a comparecer, pero esta vez como imputado, por el conocido como caso Siliutto.
Sin embargo, aún no se ha entrado a analizar otras denuncias sobre el PGO que están concentradas en la misma causa y juzgado como son la construcción de la urbanización Costa Cardón en el Suroeste en un área protegida por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT). Otro tanto ocurre con los presuntos pelotazos que se contenían el plan general con nombres y apellidos a determinadas personas de Santa Cruz. De manera que por ahora las investigaciones se centran en la presunta falsificación del PGO.
La denuncia inicial de los abogados fue asumida por la fiscal contra los delitos medioambientales, Inmaculada Violán, hace ya un año después de que junto con Anticorrupción, dieran orden a la policía judicial de personarse en varias ocasiones en la sede de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para recabar diversos documentos.
La denuncia presentada por la Plataforma en contra del Plan General, recoge que el plan aprobado por el Consejo Rector de Urbanismo a finales de 2009 fue modificado tras ser trasladado a la oposición para la celebración del pleno del 29 de diciembre de aquel año y que fue suspendido ante una supuesta amenaza de bomba. Finalmente la sesión plenaria se desarrolló el 4 de enero de 2010 en medio de las protestas de miles de ciudadanos cuyas viviendas habían quedado en situación de fuera de ordenación.
Campos denunció en aquel entonces ante la Fiscalía el documento que se envió a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento los días 24 y 30 de diciembre, al considerar que se podía haber incurrido en una “ilegalidad con posibilidad de relevancia penal”. Indicó que una vez que se convoca el Pleno es el secretario, Luis Prieto, quién debe dar fe de que ese es el documento final que se debatirá. Por ello, los denunciantes no se explicaban que por aquellas fechas circularan dos versiones distintas con variaciones “sustanciales” en lo referido, por ejemplo, a calificaciones de suelo o a nuevas parcelas recreativas.
En el tercer intento de aprobar de forma definitiva el PGO y remitirlo de nuevo a la Cotmac hace cerca de dos años ya apareció la firma digital del secretario, tal y como exigió el Gobierno. En ese momento fue el propio ejecutivo autónomo a petición de la nueva mayoría que resultó de las elecciones locales de mayo, el que decidió aparcar la aprobación del plan como habían exigido los socialistas como requisito para pactar con Coalición Canaria (CC). En estos momentos el PGO ha vuelto a ser remitido hace ya un año a la Cotmac para intentar por cuarta vez proceder a su aprobación definitiva, aunque el propio Ayuntamiento desconoce en qué momento se encuentra su tramitación.
