La Fundación César Manrique no apoya las Medidas Urgentes
La Fundación César Manrique (FCM) ha advertido este marte sde que la Ley de Medidas Urgentes presentada por el Gobierno de Canarias y que está siendo tramitada actualmente en el Parlamento, “pretende la legalización encubierta de los hoteles que se encuentran con licencias anuladas”. La Fundación denuncia que la ley “elimina” el carácter vinculante del Informe de compatibilidad con los planes insulares de ordenación del territorio a través de las disposiciones recogidas en el punto primero de la Disposición Adicional Tercera.
Además, recuerda en un comunicado que ninguna isla, salvo La Gomera, tiene su Plan Insular adaptado tanto al Texto Refundido como a las Directrices y en el caso de Lanzarote no lo tiene adaptado a ninguna de las dos normativas, por lo que la Disposición Adicional Tercera sería aplicable en la isla.
La Fundación precisa que gran parte de las licencias anuladas por los tribunales a los hoteles de Lanzarote se han basado, precisamente, en la ausencia del informe de compatibilidad, que pasaría ahora a ser preceptivo pero no vinculante, y que haría perder al Cabildo toda su capacidad de control sobre el cumplimiento de la moratoria y la verificación de los proyectos para valorar si se ajustan a las licencias y al planeamiento municipal e insular.
Así, denuncia, “el informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote se vaciaría de contenido, dejando la puerta abierta para que se produzcan actitudes discrecionales, en particular en el ámbito municipal, a la hora de aprobar los proyectos urbanísticos, en la medida en que pierde la fuerza de su carácter vinculante”.
La FCM considera que esta modificación sustancial y decisiva de la Ley podría ser clave, en el caso de los hoteles ilegales de Lanzarote, cuando se reinicien los expedientes para restablecer la legalidad vulnerada, ya que el informe de compatibilidad que, hasta ahora, debía redactar el Cabildo para dilucidar el ajuste o no al Plan Insular de los proyectos presentados, podría quedar relagado a un simple formalismo dotado de un valor jurídico muy débil.
La Fundación cree que “ la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias pretende, por medio de la inclusión de unas breves y confusas líneas en la parte final del articulado de la Ley, modificar sustantivamente la capacidad del Cabildo de hacer cumplir el Plan Insular y, así, facilitar torticeramente el camino de la legalización de los hoteles ilegales en Lanzarote, en una actitud legislativa absolutamente inaceptable que abriría la puerta a la resolución del conflicto de los hoteles ilegales por la vía rápida”
La FCM censura “la actitud subrepticia del Gobierno de Canarias, que ha utilizado una disposición adicional de la Ley para cambiar el statu quo e introducir una nueva regulación en un aspecto fundamental de la ordenación territorial y el control del crecimiento turístico.
En el comunicado, la FCM denuncia que “esta disposición adicional, además de correr el riesgo de convertirse en un coladero para la legalización de los hoteles, supone un intento de desactivar los planes insulares de ordenación territorialy regresar al urbanismo municipalista, e implicaría una involución que limitaría el alcance de la ordenación territorial insular”.
Además considera que los nuevos aprovechamientos turísticos permitidos por la
Ley como incentivos a la renovación de la planta alojativa son excesivos y suponen una contradicción frente a la pretensión de limitar el crecimiento turístico en Canarias. En este sentido,denuncia, a través de la Ley, y bajo la excusa
de incentivar la renovación de las instalaciones alojativas, se acrecentaría el problemade la sobreoferta turística existente actualmente.
La FCM entiende que la nueva Ley de Medidas Urgentes representa un cambio radical de rumbo en cuanto al modelo turístico y conllevaría un gravísimo retroceso en la política de protección del territorio y contención del crecimiento turístico. La propuesta de Ley, en cuanto a la salida que propicia a los hoteles y apartamentos ilegales de Lanzarote, “supondría una burla al principio de igualdad y legalidad y al amparo que ofrece el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos”.
La Fundación solicita la retirada de la Ley de Medidas Urgentes por considerarla un paso atrás en el planemiento territorial y en el control de la ocupación del suelo y, en cualquier caso, la eliminación del primer punto de la Disposición Adicional Tercera del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes, por considerar que implica cercenar la capacidad de los cabildos insulares para controlar el cumplimiento de los planes insulares y el control del crecimiento urbanístico en las islas.
Para la FCM, el Proyecto de Ley, en los términos en que está redactado, provocará un daño incalculable e irreversible sobre la fisonomía territorial canaria y supone una clarísima involución en el proceso seguido en los últimos años por las diferentes administraciones públicas de las islas en la dirección de alcanzar un mayor control del crecimiento turístico y una ampliación de la protección del suelo rústico, concluye el comunicado.
