El Gobierno busca el acercamiento con los dueños de Alegranza
El consejero de medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, dijo este jueves que va a intentar “un acercamiento” con los propietarios del islote de Alegranza, en el archipiélago Chinijo.
Sin embargo, el consejero reconoció, en una comparecencia en comisión parlamentaria, que es difícil un acuerdo entre la protección del territorio que pretende el Gobierno de Canarias y “las expectativas” que tiene la propiedad para el mismo.
Por el momento, el Gobierno mantiene su recurso ante el Tribunal Supremo a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se restablecen los derechos de uso a los propietarios de Alegranza, titulares del 92% de la superficie del islote, frente al plan de uso y gestión del Archipiélago Chinijo, que la sala consideró abusivo por impedir en la práctica el uso de la propiedad a sus dueños.
Berriel dijo que lo lógico sería que el Estado expropiara Alegranza y todas las propiedades privadas en el Archipiélago Chinijo en aplicación de la Ley de Costas.
Si la expropiación la hiciera la Comunidad Autónoma supondría aportar fondos regionales para algo que es obligación del Estado, dijo.
El consejero explicó que es muy difícil “llegar a un acuerdo en el que haya equilibrio entre las expectativas de la propiedad con lo que se puede hacer” si se quiere proteger el islote.
“El diálogo hay que tenerlo, vamos a intentar una aproximación” para intentar la compatibilidad con “algún uso muy restringido”, con la perspectiva de que en un futuro sea suelo público, dijo el consejero.
El Gobierno recurre al Supremo
Señaló que el Gobierno canario ha recurrido al Tribunal Supremo porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la esencia del plan de uso y gestión.
Matizó que pese a esta sentencia, la aplicación del plan de uso y gestión no se suspende hasta que haya un pronunciamiento firme del Supremo, al aplicarse un principio cautelar de prevención sobre eventuales daños al patrimonio natural.
En opinión de Berriel, la sentencia del TSJC incurre en “un error” y por eso se ha recurrido, al apreciar la sala que se restringe el uso en la parte privada del islote, el 92% de su superficie, mientras se autorizan actividades en la parte pública.
Berriel señaló que los únicos usos autorizados en la parte pública son los necesarios para el mantenimiento de la actividad del faro y la previsión de que este se convierta en un centro de interpretación cuando deje de cumplir esa función.
