El Gobierno canario cambia criterios técnicos del nuevo concurso eólico
El viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro Sánchez, anunció este lunes que se cambiará uno de los criterios técnicos previstos para el concurso de la energía eólica tras atender a un recurso de un aspirante de La Palma, y el PSC consideró que las bases han sido objeto “de tráfico jurídico”.
El criterio que se variará afecta a la distancia entre generadores, que ha suscitado recursos de varios aspirantes excluidos del concurso ya que en una primera instancia la comisión técnica encargada de evaluar las ofertas primaba el que no se solapasen las superficies de los futuros parques eólicos.
Para la diputada socialista Francisca Luego esto “sorprendió a los promotores en su buena fe y en su confianza legítima hacia la Administración”, y consideró “inadmisible” el que una persona “como director general diga una cosa y otra como presidente de la comisión”, dijo en alusión a Juan Pedro Sánchez.
El viceconsejero replicó que “la transparencia y la claridad de este concurso es máxima: no recuerdo que haya habido antes un concurso tan transparente”, dijo que el recurso forma parte de este proceso y atribuyó el hecho de que se haya recurrido a que los promotores tienen “tanta información que lucha e intentan que se les adjudique hasta el final”.
Juan Pedro Sánchez defendió “públicamente” la honradez de las personas involucradas en el concurso “y que sufren ataques injustificados contra su integridad como funcionarios de la Comunidad Autónoma, que tienen una notable trayectoria y que realizan su trabajo evitando numerosas presiones externas”.
El procedimiento administrativo es claro y se sigue escrupulosamente, añadió el viceconsejero, quien pidió “respeto ante la sobrada y demostrada solvencia profesional” de un equipo “que no tiene nada que ocultar”.
Aseguró que ha habido retrasos derivados del elevado número de expedientes y su complejidad, así como de los errores cometidos por los aspirantes en la documentación, lo que llevó “a un laborioso proceso de revisión de cada una de las 575 solicitudes”.
Ante esta situación la Consejería “optó por el rigor” y la seguridad jurídica sobre la celeridad en la adjudicación del concurso, que prevé adjudicar 440 megavatios de potencia eólica en cada unos de los seis sistemas eléctricos independientes de Canarias.
Por ello el viceconsejero reconoció que el Gobierno se equivocó al calcular el tiempo necesario para resolver el concurso pero no así en su fórmula administrativa, que es “objetiva, rigurosa, transparente y da garantía jurídica a las próximas resoluciones”.
Estas son las del concurso de Fuerteventura, que podría publicarse mañana en el Boletín Oficial de Canarias, y en próximas semanas Tenerife y Gran Canaria.
Para la diputada del grupo Socialista Francisca Luengo el concurso “ni es transparente ni es claro ni es objetivo y las bases están diseñadas de una manera general e inconcreta, lo que tiene una carga de subjetividad que da lugar a arbitrariedades y parcialidad”.
Luengo pidió la dimisión de Juan Pedro Sánchez como presidente de la comisión técnica porque a su juicio “engaña a los promotores” y manipula la información, y se escuda “sin ningún miramiento en los funcionarios para hacer este fiasco de concurso, un desastre que acabará en los tribunales”.
Según Luengo, el viceconsejero “nombró a dedo” a los miembros de la comisión técnica y “hay pruebas de las directrices que usted da a los funcionarios de la Consejería”, sobre lo que Juan Pedro Sánchez le pidió que aportase pruebas.
El viceconsejero replicó además a la parlamentaria socialista que las bases del concurso “fueron celebradas y aplaudidas” por los promotores cuando el Gobierno informó de ellas y subrayó que ningún miembro de la comisión “se deja imponer ningún criterio ni se deja influir por nadie ni por nada”, e incluso pueden ir en contra de las propuestas iniciales de la Dirección General de Energía.
Por el contrario, Francisca Luengo dijo que “puede escandalizar” un Gobierno “que se sienta permanentemente tranquilo esperando sentencias en su contra hasta decir basta” y “lo más grave es que se trata de otro concurso que va a terminar en los tribunales”.
El diputado del grupo Popular Manuel Fernández reprochó “el continuo acoso político” que coloca a todas las actuaciones administrativas “bajo sospecha”.
Belén Allende, de Coalición Canaria, aseguró que durante la redacción del concurso no se registraron alegaciones “ni el espectacular ruido de cacharros que se ha visto en los medios de comunicación”, lo que atribuyó “a los voceros que se suman al carro de las descalificaciones”.
