El Gobierno canario declarará de interés regional la obra para resolver los problemas de saneamiento de La Graciosa

El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes, en la reunión que ha celebrado en Lanzarote, declarar de interés regional el abastecimiento de agua y saneamiento de La Graciosa para resolver los cortes en el suministro que sufre la isla y el “grave riesgo medioambiental que supone evacuación incontrolada de aguas fecales”.

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, y el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, han informado en rueda de prensa de las decisiones adoptadas en la reunión celebrada en Lanzarote con la intención de mostrar su apuesta decidida por “acercar la política del Gobierno de Canarias a todas la islas y porque todos los canarios vivan donde vivan tengan las mismas oportunidades”.

En la sesión semanal del Consejo de Gobierno se ha abordado, además del problema del abastecimiento de agua y saneamiento de La Graciosa y de la situación hidráulica de Lanzarote, otros tres asuntos de interés para la isla, ha recalcado Cabello.

Se trata del inicio de las obras para la residencia de mayor de Tahíche, que ha dicho que se trata de una demanda histórica de la isla; la agilización del proyecto de trazado de la duplicación de la carretera LZ-40, en el tramo comprendido entre el aeropuerto César Manrique y la zona turística de Matagorda y las urbanizaciones de Puerto del Carmen; y el proceso de licitación para la construcción de 67 viviendas públicas en Arrecife.

Miranda ha explicado de fue informado el pasado mes julio por parte del Ayuntamiento de Teguise del problema hidráulico de La Graciosa, que desde 2018 tiene paralizadas las obras de saneamiento y construcción de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) tras considerarse improcedente la declaración de emergencia que las amparó.

Este retraso en su entrada en funcionamiento está generando “un grave daño medioambiental en el ecosistema marino, provocado por el vertido incontrolado y sin tratamiento de las aguas fecales generadas en la isla”, ha destacado Miranda.

Según el acuerdo alcanzado entre las administraciones implicadas la pasada semana en Lanzarote, la solución más garantista y eficaz pasa por la suspensión del planeamiento en la zona, tal y como prevé el artículo 168 de la Ley del Suelo para “actuaciones excepcionales promovidas por el Gobierno autonómico cuando concurran razones justificadas de interés público, social o económico”, ha explicado Miranda.

La suspensión del planeamiento es la única vía para desbloquear la actual situación de parálisis administrativa, al encontrarse anulado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del año 2016, confirmada por el Tribunal Supremo en 2018, ha añadido el consejero.

“La suspensión excepcional del planeamiento y la declaración de interés regional del proyecto son las dos únicas medidas posibles en estos momentos para poner en funcionamiento la depuradora y acabar con el vertido de aguas fecales”, ha afirmado el consejero de Política Territorial.

Así mismo, ha dicho que el mismo procedimiento se aplicará a la reposición de la conducción submarina que lleva el agua potable a La Graciosa desde Lanzarote, cuyo mal estado provoca constantes averías e interrupciones de suministro.

“Garantizar el abastecimiento de agua en La Graciosa, y resolver el grave problema del saneamiento, son actuaciones prioritarias para el Gobierno de Canarias, llevamos trabajando en ellas desde el mismo momento en que tomamos posesión, y tanto el Ayuntamiento de Teguise como el Cabildo de Lanzarote van a tener todo nuestro apoyo para resolver definitivamente esta insostenible situación”, ha afirmado Miranda.

Tal y como se ha acordado con el Cabildo insular, ambos proyectos serán ejecutados por la propia Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, con cargo al crédito extraordinario habilitado en los presupuestos del próximo año mediante la disposición dicional prevista para la emergencia hídrica en Lanzarote y Fuerteventura.

Manuel Miranda ha informado también al Consejo de Gobierno de que esta misma semana quedará finalizada la redacción del tercer ciclo del Plan Hidrológico Insular de Lanzarote, y el segundo ciclo del Plan de Gestión por Riesgo de Inundaciones, tras la subrogación de competencias al Gobierno autonómico aprobada el pasado 18 de septiembre en el Parlamento de Canarias.

El consejero ha destacado “el esfuerzo” realizado desde la Dirección General de Aguas para agilizar estos dos planes, que serán remitidos antes de finalizar el año a la Comisión de Evaluación Ambiental, y podrán aprobarse definitivamente en Consejo de Gobierno en los primeros meses del próximo año.

En cuanto a los otros asuntos abordados sobre Lanzarote, Cabello ha detallado que la Consejería de Bienestar Social ha autorizado una transferencia de 1,4 millones de euros al Cabildo de Lanzarote para que se puedan iniciar las obras de la futura residencia de mayores de Tahícue, que constará de 90 plazas residenciales y 50 de día.

Se trata de un proyecto que se había aprobado en 2019 pero que no se había ejecutado, ha remarcado el portavoz del Ejecutivo.

Según precisa una nota facilitada por el Gobierno, la Consejería de Bienestar Social ultima convenios con todos los cabildos para destinar 72 millones de euros de fondos europeos a crear nuevas plazas sociosanitarias en todas las islas.

Sobre la mejora de la carretera que une el aeropuerto de César Manrique con Puerto del Carmen, la Consejería de Obras Públicas está terminando el proceso para sacar a exposición pública el proyecto de trazado para duplicar los carriles de la LZ-40 en un tramo de 8,2 kilómetros, entre los municipios de Tías y San Bartolomé para mejorar la conectividad por ser una vía muy transitada.

En cuanto a la construcción de 67 nuevas casas en Lanzarote, el Instituto Canario de la Vivienda ultima el proceso para sacar a licitación el proyecto con una inversión de 9,9 millones de euros.

Se trata de una promoción que se ejecutará sobre una parcela ubicada en la calle Guagaro, en Arrecife.