El Gobierno canario despeja obstáculos legales para ubicar las casas prefabricadas para los damnificados por el volcán

El Gobierno de Canarias ha aprobado una medida con rango de ley que despeja los obstáculos legales que se estaba encontrando para colocar viviendas prefabricadas para los vecinos desalojados por la erupción de La Palma en terrenos cedidos por las administraciones de la isla.

Según ha detallado este viernes el presidente, Ángel Víctor Torres, el decreto ley para paliar los efectos sociales de la erupción aprobado en el último Consejo de Gobierno contiene una disposición adicional que autoriza que los suelos públicos cedidos en estas circunstancias puedan acoger viviendas e infraestructuras.

En una comparecencia de prensa junto con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, Torres ha reiterado el argumento de que esta erupción está provocando daños sin precedentes (es la más grave en Europa en décadas) y requiere adoptar medidas extraordinarias.

A este respecto, ha reconocido que el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos afectados (El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte) estaban encontrando algunas dificultades legales para colocar viviendas prefabricadas en suelos cedidos para responder ante esta emergencia, ya que no tenían calificación residencial.

La disposición adicional del decreto ley citada por Torres permite darles ese uso y el Gobierno canario confía en que ello impulse ya de forma definitiva esta oferta de vivienda provisional a los afectados, complementaria a la de los pisos alquilados por la comunidad autónoma, que corre con la renta durante casi tres años (100 % el primer y segundo año, 90 % el tercero).

El decreto ley es de aplicación desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial de Canarias, aunque luego debe ser refrendado por el Parlamento de la comunidad autónoma.