El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho este lunes que el Ejecutivo no puede rescindir los contratos de gestión de centros de menores suscritos con la fundación Siglo XXI hasta que no haya una sentencia en firme pues podría tener que enfrentarse a indemnizaciones.
La Fiscalía Europea ha imputado a cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, a un empresario inmobiliario y a la fundación Siglo XXI, encargada de gestionar esos centros, por el presunto desvío de 2,4 millones de euros de fondos europeos destinados a la acogida y manutención de los niños y niñas.
La Policía Nacional informó este pasado sábado de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha dado por concluida una compleja investigación económico-patrimonial que se inició en 2022 tras la recepción de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Banco de España.
Este informe advertía de “multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas” vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados.
El caso fue presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió diligencias de investigación y habilitó el inicio de la operación Tabaiba, una exhaustiva investigación económico-patrimonial que se ha prolongado durante tres años, y que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote.
Por su parte, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional ha apuntado también que la llamada operación Tabaiba, “es sobre personas no sobre la fundación” y que esas personas ya están apartadas de la gestión.
Cabello señaló también que en un momento de “máxima emergencia migratoria y de hacinamiento” llegó a tener más de 600 menores bajo tutela y ahora cuenta con 225 y que se llegó a cerrar el centro de La Santa, en la isla de Lanzarote.
No obstante, el portavoz ha recordado que la investigación es del periodo 2020-22, con el anterior Gobierno de Canarias, y según la Fiscalía Anticorrupción, “hubo dejación” del Pacto de las Flores en el control del uso del dinero que se entregaba a la entidad.
Con todo, ha señalado que su Ejecutivo va a seguir siendo “riguroso” con el control del dinero que se entrega y “contundentes y colaborativos” con las necesidades que vayan planteando los juzgados, subrayando que sigue haciendo frente “en solitario” a la gestión en la llegada de menores migrantes.