El Gobierno central aprueba la petición de Canarias y declara la contingencia migratoria en las islas

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha declarado este viernes la contingencia migratoria extraordinaria en Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, después de que los responsables de estos tres territorios lo solicitaran al tener tensionados sus servicios de atención a los menores migrantes.

Según informa el ministerio de Rego, los tres territorios lo pidieron en virtud del real decreto que aprobó este martes Consejo de Ministros para la reubicación de los menores y que fijaba la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las comunidades autónomas.

“Después de meses de trabajo, hoy damos el paso definitivo para continuar garantizando los derechos de miles de niños y niñas migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en estos territorios”, ha expresado la ministra Rego, que ha agradecido a la sociedad canaria, ceutí y melillense el trato ofrecido a la infancia migrante.

Para que un territorio pueda ser considerado en situación de contingencia, el número de menores migrantes acogidos debe multiplicar por tres la capacidad ordinaria de una comunidad. Una vez declarada, los jóvenes que lleguen a las islas sin referentes familiares tendrán que ser reubicados en otras regiones en un plazo máximo de 15 días. En el plazo de un año se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la Ley de Extranjería, con el PP en contra, aunque gobierna precisamente en Canarias y en Ceuta.

Canarias, Ceuta y Melilla cumplen los requisitos para declarar esa contingencia, ya que en la actualidad tienen una ocupación que supera el triple de su capacidad ordinaria, por lo que podrán derivarse menores que atienden ahora a otras comunidades.

En el caso de Canarias, las islas tienen una capacidad de 737 plazas, pero en la actualidad acoge a 5.017 niños y adolescentes en los más de 80 centros repartidos por las islas. Muchos jóvenes conviven hacinados en grandes centros de emergencia que, según han denunciado diferentes trabajadores y usuarios, no garantizan los derchos fundamentales de los menores.

De esta cifra, cerca de 1.000 menores son solicitantes de asilo. Por ello, de forma paralela a estos traslados, el Gobierno de Canarias y el Estado también avanzan en la reubicación de estos jóvenes vulnerables en los recursos estatales de protección, para cumplir con la orden del Tribunal Supremo, que requería al Ejecutivo central hacerse cargo de ellos.