“Rayana con el dolo”: el administrador concursal culpabiliza al Ayuntamiento de Zaragoza de la quiebra del spa de Ranillas
La administración concursal de Cublan Inversiones, la antigua concesionaria del spa de Ranillas, ha pedido al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza que declare culpable el concurso de acreedores de la empresa y que considere al Ayuntamiento de Zaragoza responsable de la insolvencia. Lo hace en su informe de calificación, presentado el 28 de octubre de 2025, según ha podido saber este diario.
El reproche ya no procede de la empresa ni de sus acreedores, sino de la firma designada por la jueza para analizar las causas de la insolvencia. Su conclusión es que el Consistorio actuó, como mínimo, con culpa o negligencia grave, sin descartar el dolo, y que debe responder como administrador de hecho de la concesionaria: una figura que la ley reserva a quien dirige una sociedad sin figurar formalmente en su órgano de administración.
El informe se apoya en dos acuerdos municipales encadenados.
El primero, del 8 de noviembre de 2021: el Consejo de la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia de funcionamiento del complejo termal, que llevaba abierto desde una década antes, por no aportar toda la documentación de protección contra incendios. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) desmontó esa decisión. En febrero de 2024, concluye en una sentencia que “la documentación requerida se aportó en tiempo y forma”, que la instalación ya tenía licencia tácita y que Cublan tenía derecho a la licencia expresa “cuando menos desde el 4-12-2021”. El Ayuntamiento acabó concediéndola en octubre de 2023, con los documentos que ya obraban en el expediente y cuando la concesión ya había revertido al propio Consistorio.
La segunda decisión llegó el 28 de enero de 2022. Cublan había pactado con Audentia Capital una financiación de 3,5 millones de euros para refinanciar su deuda e invertir en las instalaciones, y necesitaba autorización municipal para hipotecar la concesión como garantía. El Gobierno de Zaragoza la denegó alegando la falta de licencia y una deuda de 213.876 euros en agua y basuras, pero el TSJA anuló esa negativa en una sentencia del 20 de marzo de 2024: la falta de licencia no servía como motivo, porque la propia Sala acababa de declarar que la empresa la tenía. Y, sobre la deuda, el tribunal razonó que la operación servía precisamente para regularizarla: la financiación, escribió, iba a “permitir que la concesión pueda ser viable”. El fallo reconoce a Cublan el derecho a realizarla.
Para la administración concursal, ese encadenamiento explica el desenlace: sin licencia, el spa cerró a comienzos de 2022. Sin financiación, la empresa no pudo refinanciarse, y en julio de ese año entró en concurso. El informe reconoce el impacto de la pandemia y las pérdidas previas de la sociedad, pero sostiene que no explican por sí solas la insolvencia.
“Rayana con el dolo”
El informe no se limita a señalar que las decisiones eran ilegales, sino que considera especialmente grave que los servicios municipales calificaran de “irrelevante” la documentación aportada por la empresa sin haberla remitido antes al Servicio de Prevención de Incendios. Y sostiene que el Ayuntamiento se extralimitó al rechazar una hipoteca cuya autorización, según la jurisprudencia que cita, es reglada. La administración concursal admite que no puede acreditar una intención deliberada, pero califica la negligencia de “muy grave” e incluso –indica– “rayana con el dolo”. Y deja abierta una sospecha: si el “fin último” de aquellas decisiones no habría sido “forzar la reversión” de la concesión al Ayuntamiento.
De ahí que considere al Consistorio administrador de hecho de Cublan. Aunque el Ayuntamiento nunca formó parte de su consejo, el informe argumenta que impedir la actividad principal y bloquear la financiación de su único activo equivale, en la práctica, a sustituir las decisiones de sus administradores. Si esta tesis prospera, el Ayuntamiento perdería los derechos que tiene como acreedor en el concurso, incluidas las deudas que reprocha a la concesionaria, y tendría que indemnizar los daños causados.
La administración concursal fija como referencia el valor pendiente de amortizar de la concesión, 14,7 millones de euros, que actualiza provisionalmente a 16,5 millones. Y a esa cifra podrían sumarse los beneficios dejados de percibir, pendientes de un informe pericial. La concursada va más lejos y reclama hasta 36,7 millones, una petición que la administración concursal no hace suya.
La petición de este último órgano se dirige solo contra el Ayuntamiento como institución y no reclama la responsabilidad personal de los cargos que adoptaron aquellos acuerdos. De hecho, discrepa expresamente de extenderla a ellos por falta de elementos para atribuirles las decisiones y apunta, en cambio, a los empleados municipales que tramitaron los expedientes, cuya responsabilidad pide que el Consistorio depure. La citación como afectados, el pasado julio, de nueve miembros del gobierno municipal de PP y Ciudadanos de 2019 a 2023, entre ellos el ahora presidente de Aragón, Jorge Azcón, la alcaldesa, Natalia Chueca, la presidenta de las Cortes, María Navarro, y el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, respondió a la petición de al menos un acreedor. Lorén ha contratado una defensa externa, al margen de los servicios jurídicos municipales.
“Una empresa en concurso de acreedores”
El informe de calificación llevaba nueve meses presentado cuando la alcaldesa compareció en sesión plenaria el 28 de julio para explicar el caso. Ese día, Natalia Chueca lo presentó como el intento de “una empresa en concurso de acreedores” de que “las deudas de su mala gestión”, en lugar de pagarlas “los administradores y los consejeros”, las acabaran pagando los zaragozanos. Y este pasado jueves, en la comisión de Presidencia, Lorén leyó una nota de la Asesoría Jurídica sobre el estado de la pieza de calificación, pendiente de que la jueza admita los escritos de las partes y señale la vista, y no confirmó ni desmintió la posición de la administración concursal. Sí justificó la negativa a la hipoteca en un “informe desfavorable” y en que la operación se planteaba con “una entidad extracomunitaria sin garantías de solvencia”. La resolución de 2022, según la recoge el TSJA, se apoyó en otros dos: la falta de licencia y la deuda.
El caso suma así un nuevo frente a los que ya acumula el Ayuntamiento por el spa. Esta misma semana se ha conocido que un juzgado de lo Social le ha ordenado adelantar 82.017,45 euros a cuatro extrabajadores de Cublan, cuya plantilla heredó con la reversión de la concesión en 2023.
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