La distribución por comunidades de los menores no acompañados, al detalle

El decreto que permitirá iniciar las derivaciones de menores desde Canarias a la Península ha entrado en vigor este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este documento fija la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma y permite a las Islas y a Ceuta, con los recursos muy por encima de su capacidad, pedir que se declare la contingencia migratoria en sus territorios. Una vez que el Ministerio de Juventud e Infancia apruebe esta declaración, se podrá aplicar la reforma de la Ley de Extranjería, que contempla los traslados obligatorios a otras regiones.

Según el decreto, Canarias tiene una capacidad de 737 plazas. En la actualidad, el Archipiélago acoge a 5.107 menores sin familia en más de 80 centros repartidos entre todas las islas. En esta línea, muchos jóvenes conviven hacinados en grandes centros de emergencia que, según han denunciado diferentes trabajadores y usuarios, no garantizan los derchos fundamentales de los menores.

De esta cifra, cerca de 1.000 menores son solicitantes de asilo. De forma paralela a estos traslados, el Gobierno de Canarias y el Estado también avanzan en la reubicación de estos jóvenes vulnerables en los recursos estatales de protección, para cumplir con la orden del Tribunal Supremo, que requería al Ejecutivo central hacerse cargo de ellos.

La contingencia migratoria

Para que un territorio pueda ser considerado en situación de contingencia, el número de menores migrantes acogidos debe multiplicar por tres la capacidad ordinaria de una comunidad. Una vez declarada, los jóvenes que lleguen a las islas sin referentes familiares tendrán que ser reubicados en otras regiones en un plazo máximo de 15 días.

La Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario adelantó este martes que solicitaría la declaración de contingencia en cuanto se publicara el decreto en el BOE, y se prevé que sea aprobada este mismo jueves.

La capacidad ordinaria del sistema de acogida de los menores resulta de dividir la población total de cada comunidad y ciudad autónoma a 31 de diciembre de 2024 por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año 2024 entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.

De acuerdo con esta fórmula, Andalucía es la región con más plazas, con 2.827. Le siguen Catalunya (2.650), Madrid (2.325), la Comunidad Valenciana (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737), País Vasco (731) , Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194), La Rioja (107), Melilla (28) y Ceuta (27).

Para fijar el número de plazas de cada comunidad autónoma, también se han tenido en cuenta criterios como la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el esfuerzo realizado con anterioridad (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), si se trata de una ciudad fronteriza (2%), la insularidad (2%) y la dispersión (2%).

Teniendo en cuenta estos elementos, el Gobierno hizo en julio un cálculo de máximos sobre cuántos menores migrantes tendría que acoger cada comunidad. Así, los territorios que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571).

Le seguían Castilla-La Mancha (320); Galicia (317); Aragón (251); La Rioja (205); Castilla y León (197); Extremadura (159); Cantabria (156); Asturias (144); Región de Murcia (133); Navarra (118) e Islas Baleares (49).

Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni Euskadi ni Catalunya tendrían que acoger a ningún menor. Sin embargo, la consejera de Bienestar Social de Canarias ha asegurado este martes que las dos regiones se han ofrecido de forma voluntaria a recibir jóvenes atendidos hasta ahora en las islas.

El rechazo de las comunidades del PP

La acogida obligatoria por parte de las comunidades autónomas cuenta con el rechazo frontal de diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, y también de Castilla-La Mancha, liderada por el PSOE. Según ha informado Efe, estos territorios han recurrido la medida ante el Tribunal Constitucional.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera que estos recursos no tienen ''ningún recorrido''. En declaraciones recogidas por Efe, el ministro defiende que la modificación de la Ley de Extranjería es ''absolutamente justa''. “No se discrimina a ninguna comunidad ni se aventaja a ninguna comunidad. Lo que sale es una radiografía real”, garantiza.

“No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela”, ha asegurado el ministro. Además, ha advertido que, si alguna lo hiciera, ''tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación“.