El Gobierno regional dice que las funciones de la policía autonómica están garantizadas
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, dijo este miércoles que la negociación con el Gobierno central sobre la policía autonómica ha sido muy buena y fructífera y se garantizan las funciones que establece la ley para el cuerpo policial autonómico.
Ruano hizo estas manifestaciones en respuesta a una pregunta del diputado del grupo Socialista Francisco Hernández Spínola, quién señaló que el proyecto autonómico de policía ha sido un fracaso estrepitoso y un despilfarro, y pidió que el 1.600.000 euros consignados a este proyecto se destinen a fines sociales.
El consejero afirmó que el PSC no se ha enterado de la negociación y por eso, dijo, se ha conseguido un buen acuerdo, al tiempo que afirmó que en la reunión de la comisión bilateral Estado-Canarias sobre la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria se ha determinado las funciones concretas de la policía canaria.
Recordó que 2.000 jóvenes se han presentado a la convocatoria de las pruebas que comenzarán en marzo y los seleccionados podrán iniciar su formación el próximo mes de septiembre.
José Miguel Ruano afirmó que el próximo año estarán en la calle 100 nuevos policías canarios, “que no se irán de Canarias” y que velarán por la seguridad pública de las Islas.
El consejero detalló las funciones propias que tendrá la policía canaria, las funciones simultáneas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y las de colaboración.
Francisco Hernández Spínola, del grupo Socialista, que pidió al consejero que explique las visitas a Israel del director general de Seguridad, indicó que la ley que aprobó el Parlamento tenía visos de inconstitucionalidad, tal y como advirtió el grupo Socialista.
Agregó que ahora el Gobierno central le ha dado la razón y el Ejecutivo de Canarias tendrá que redactar en el plazo de seis meses una nueva ley para suprimir aquellas competencias de la Policía Autonómica que ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Hernández Spínola señaló que el cuerpo autonómico no tendrá competencias en vigilancia, ni en control de inmigración irregular, y sus funciones quedarán reducidas a una policía de control de los edificios públicos de la Comunidad Autónoma.
