El Gobierno canario recurre ante el Supremo el Reglamento de Costas
El Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto por el que se aprobó el Reglamento General de Costas, al considerar que esta normativa vulnera sus competencias autonómicas.
Canarias cuestiona en su recurso varias disposiciones sobre los núcleos de población en la costa, la clasificación de playas, la limitación de celebración de eventos y la ampliación de las afecciones a las parcelas sujetas a servidumbre de protección.
La comunidad autónoma alega que la determinación de qué suelos son merecedores de tener la condición de urbanos, a los efectos de aplicarles o no la servidumbre de protección de costas, es una competencia urbanística (por tanto, local y autonómica), de forma que no debería ser el Estado el que adopte esa decisión.
El Reglamento General de Costas obliga además a los gobiernos autonómicos a distinguir en las playas tramos urbanos y naturales y establece un régimen jurídico para cada uno de ellos.
El Gobierno canario entiende que esa obligación se excede de las competencias estatales, toda vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya al respeto y tiene reconocidas las competencias para la ordenación de las playas a las comunidades autónomas.
El reglamento también limita la celebración de eventos deportivos o culturales en las playas urbanas y establece que éstos tienen que tener relevancia nacional o internacional.
El Gobierno de Canarias recuerda que en las islas “existe una multitud de eventos deportivos, como campeonatos de windsurf o surf, que se vienen desarrollando en playas o tramos de playa naturales, y cuya prohibición no sólo perjudicaría los intereses de la comunidad autónoma, sino que iría en contra de la competencia que ésta tiene en materia de Deportes y Ordenación del Litoral”.
El Ejecutivo de Paulino Rivero se opone además a que solo se autoricen eventos de ámbito nacional o internacional, “pues existen numerosísimos campeonatos insulares y locales en todo el archipiélago que son también de interés turístico y deportivo”, argumenta.
La comunidad autónoma rechaza, asimismo, que el reglamento amplíe las afecciones en parcelas que se encuentran en la actualidad sujetas a la servidumbre de protección de la costa.
El Estado pretende con este documento ampliar la figura de protección a la totalidad de la parcela que tenga alguna parte afectada por las servidumbres costeras, aun cuando la mayor parte de ella se encuentre fuera de esa protección.
“En una comunidad que basa buena parte de su economía en el turismo asociado a los usos costeros, esta medida podría tener un efecto demoledor”, advierte el Gobierno canario, “pues con ello se impediría, entre otras repercusiones, gran parte de la política que se está llevando a cabo de modernización de núcleos turísticos”.
El Gobierno de Canarias también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Costas, la ley que ahora desarrolla este reglamento.
