Hernández Spínola aboga por un Pacto de Estado para cambiar la Administración Local
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, abogó este viernes por realizar la reforma de la Administración Local mediante un Pacto de Estado. “Se trata de una reforma administrativa de enorme calado que requiere de un consenso institucional y político construido desde la transparencia y el diálogo”, explicó el consejero.
Para Spínola, “resulta fundamental que el Gobierno de España cuente con el PSOE en esta reforma y si es posible, consensúe sus términos con otras fuerzas políticas del arco parlamentario”.
El consejero se ha trasladado a Madrid para conocer de primera mano las previsiones del Gobierno de España relativas a la reforma de la Administración Local y de la Función Pública. “Son dos objetivos básicos para la comunidad autónoma en los que ya estamos trabajando en el ámbito autonómico”, explicó el consejero, que añadió: “Necesitamos conocer cómo y cuándo prevé aplicar las modificaciones porque actúan como normativa básica”.
El consejero se reunió con el secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta, ante el que defendió la necesidad de abordar el proceso de reforma administrativa en el Estado español y en Canarias porque “no podemos permitirnos el lujo de que haya solapamientos y gastos ineficientes”. Por este motivo, el consejero incluyó, desde el inicio de la Legislatura, entre los objetivos básicos del Gobierno de Canarias la reforma del régimen competencial de las administraciones públicas en Canarias.
“Pero para hacerlo adecuadamente, es determinante conocer cuál va a ser el marco general básico de obligado cumplimiento para las autonomías”, aseguró el consejero. El Gobierno canario no parará los trabajos ya iniciados aunque sí solicitó al secretario de Estado que la información fluya durante el proceso “para coordinar los trabajos y evitar idas y venidas”.
El consejero también considera necesario que esta reforma vaya acompañada de un análisis del sistema de financiación local, para medir si requiere o no una reforma en paralelo para garantizar la correcta financiación de los servicios públicos, cuestión que también trasladó al secretario de Estado.
Dudas sobre el borrador
Hernández Spínola expresó sus dudas sobre diversos aspectos del borrador de proyecto de ley, que el Ministerio de Hacienda y Administración Pública pretende tramitar a las Cortes en el próximo mes de septiembre. Según el consejero, el texto trasluce “una clara voluntad política para mermar las capacidades y competencias de los municipios a favor de las diputaciones provinciales y cabildos”.
Otro asunto controvertido, según el consejero, es la inclusión de una evaluación que ha de realizarse en el plazo de un año sobre la calidad de los servicios que presta cada municipio. Esta evaluación debe realizarse aplicando unos estándares de calidad predeterminados por el Gobierno de España, inicialmente, mediante real decreto.
El consejero solicitó al secretario de Estado que dé al proceso participación amplia y transparencia. Antonio Beteta se mostró receptivo, al igual que con la solicitud realizada por el consejero para que se de un trato singular que requieren los cabildos, que tienen mayor capacidad competencial que las diputaciones provinciales. De igual modo, Antonio Beteta se comprometió a enviar la nueva redacción del anteproyecto de ley a la Comunidad Autónoma de Canarias con el objetivo de que ésta pueda continuar trabajando sobre sus reformas conociendo la normativa básica que resultará de aplicación.
El consejero de Presidencia también intercambió opiniones con el secretario de Estado sobre las modificaciones en las condiciones de trabajo de los empleados públicos, aprobadas en el Real Decreto Ley 12/2012. El consejero le trasladó su disconformidad con el sistema elegido para reducir las retribuciones de los empleados públicos ya que “al trasladarla a la práctica, resulta injusta ya que supone porcentualmente reducciones mayores en las retribuciones brutas anuales para las categorías que menos cobran”.
Hernández Spínola también cuestionó las excesivas medidas adoptadas sobre las condiciones de los empleados públicos, que en algunos casos, como en el relativo a la reducción de los días libres, “solo desmotiva sin generar ahorros”.
A principios del año 2013 el secretario de Estado pretende presentar el borrador de la ley básica para los funcionarios públicos.
