Un informe ''a medida'' para el plan de pagos de Mogán
El Ayuntamiento de Mogán aprobó este martes en sesión plenaria el plan de pagos para dar ejecución a la sentencia que le obliga a abonar más de 4,2 millones de euros a una familia del municipio del sur de Gran Canaria por unos terrenos sujetos a expropiación en el casco urbano.
Este plan de pagos será remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, concretamente a la sección segunda de la Sala de lo contencioso administrativo, para que éste fije de forma definitiva el modo en el que el Ayuntamiento de Mogán deberá hacer frente al pago de dicha cuantía en concepto de expropiación.
La propuesta aprobada por el PP de Mogán se sustenta en un informe elaborado por el interventor municipal, en el que asegura que el pago de los más de 4,2 millones de euros “no es asumible” por el Ayuntamiento, porque se encuentra en una situación de inestabilidad presupuestaria, tiene problemas de liquidez y porque, entre otras cuestiones, el presupuesto del 2012 está, al día de la fecha, prácticamente ejecutado.
Para Ciuca y NC, el contenido de dicho informe supone “una tremenda falta de respeto hacia los ciudadanos de Mogán” y los concejales que los representan desde la oposición, pues “desmiente totalmente lo que el mismo interventor dijo en un informe de fecha 11 de julio de 2012, en el que concluía que el Ayuntamiento de Mogán cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, y que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 se saldaba con un saldo ajustado positivo”.
Los portavoces de Ciuca y NC, Mencey Navarro e Isabel Santiago, consideran que esta situación supone “la más clara confirmación de lo que vienen denunciando desde hace tiempo, sobre las artimañas del alcalde para hacer cuadrar las cuentas públicas”. Para ambas formaciones, el informe del interventor “está hecho a medida”.
Por otro lado, indicaron que aunque la cuantía a la que asciende la expropiación es de más de 4,2 millones de euros, la realidad del pago que reconoce el Ayuntamiento “es mayor”, tal y como, aseguran, “se desprende del recurso de súplica” interpuesto por el consistorio. “Para el Ayuntamiento, a los 4,2 millones de euros deben añadir, los intereses correspondientes, un 10% en concepto de amortización del préstamo concertado y un millón más en concepto de difícil cuantificación, lo que supone reconocer que el coste total de la actuación caprichosa e irresponsable del alcalde en este asunto, es de más de 6,9 millones de euros, más de mil millones de las antiguas pesetas”.
Una de las propuestas recogidas en el plan de pago es la liquidación con solares y dinero, una solución que ya le hicieron los representantes de la familia expropiada en 2003 al alcalde, que la rechazó.
Para los portavoces de Ciuca y NC, el alcalde es “el principal causante de toda esta situación, pues no asumió su responsabilidad en intentar cerrar un acuerdo con los expropiados que favorecieran el interés general cuando tuvo ocasión. Ahora estamos en manos de la decisión que tome los juzgados”.
Añaden que en el año 2011, el grupo de Gobierno “no tuvo reparo alguno en financiar el pago de otras sentencias de expropiación, con cargo al remanente de tesorería, que ascendía en el 2010 a más de 15 millones de euros, según manifestó la concejala de Hacienda. Cosa que contrasta con la situación actual, donde parece ser que los 15 millones de euros han desaparecido, y no hay posibilidad económica alguna de hacer frente a dicho pago”.
Ciuca y NC finalizaron su intervención afirmando que el alcalde “no ha puesto en marcha ninguna medida en estos 9 años que permita reducir el impacto que en las arcas municipales generará el pago de los más de 4,2 millones de euros. Además la emisión de informes económicos contradictorios puede suponer que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, rechace el plan de pagos y obligue al Ayuntamiento a realizar un desembolso económico por el importe total de los más 4,2 millones de euros”.
Tras la finalización de la intervención del alcalde, en la que puso de manifiesto “que no quiere pagar aquello a lo que está obligado judicialmente”, éste se levantó y se marchó alegando que tenía que ir a un entierro.
