Un correo revela que Jorge Rodríguez sabía en 2005 del bloqueo a GC Europa
Un correo electrónico remitido el 7 de noviembre de 2005 por el administrador único de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, al por entonces portavoz del PP en la Cámara regional, Pérez, revela que el diputado conocía al detalle el bloqueo que sufría la promotora en Telde “por la gente de los hermanos Reyes” desde la concejalía de Urbanismo. Seis semanas después, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana presuntamente cobraron 30.000 euros cada uno, entregados el 23 y el 26 de diciembre por el denunciante del caso.
El email enviado por Antón a a las 11:37 horas de aquel 7 de noviembre refleja para la investigación la intensidad de la relación entre ambos, su naturaleza y la necesidad implícita de una actuación por parte del diputado, a través de la consejera delegada de Urvitel y concejal de Vías y Obras de Telde, María Antonia Torres, para desbloquear el conflicto surgido con el área de Urbanismo del ayuntamiento, que detentaba la potestad de entregar los suelos donde Urvitel, a través de Grupo Europa, iba a construir las viviendas sociales en Telde a las cuales imputaría un gasto ficticio para repartir supuestos dividendos ilícitos, según la denuncia del ex gerente, que cifra en más de dos millones de euros el pelotazo solo en El Goro.
Antón Marín, ese día, adjunta al correo que dirige al actual secretario insular del PP grancanario “el último informe que envié a Toñi Torres y el informe que me envía mi gente de la situación pormenorizada de cada promoción”, un dato en el que se aprecia, por parte de los investigadores del caso, el alto grado de conocimiento de la situación que tenía el portavoz del PP en el Parlamento de Canarias a través de ese informe remitido por Antón Marín a Toñi Torres, de fecha 3 de octubre de 2005.
El problema de “la gente de los hermanos Reyes”
En la misiva electrónica Antón Marín se lamenta a de que “el problema básico radica en que los desarrollos están sujetos a dos personas puestas por los hermanos Torres (sic)” [en referencia a los Reyes, los concejales de AFV-Ciuca Guillermo y Carmelo y también a Antonio, que el denunciante del caso sitúa en las primeras reuniones en el hotel Fataga de Las Palmas de Gran Canaria con Toñi Torres y Antón Marín para amañar el concurso de asistencia técnica] “que están haciendo inviable cualquier operación, te detallo dos apuntes económicos para que tengas una referencia: Han perdido 2.200.000? de las subvenciones pactadas con la Consejería para este ejercicio. El ”ERROR“ en la tramitación urbanística de las parcelas de La Estrella les va a costar casi 3.000.000?”.
La Policía, en sus informaciones al juez previas a la citación de como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, asegura que esas dos personas puestas por los hermanos Reyes “son, por supuesto” José y Pedro , que el 23 y 26 de diciembre de 2005, seis semanas después de este correo electrónico descubierto en los registros del 16 de mayo pasado, recibieron presuntamente sendos pagos en comisiones ilegales de las manos del denunciante y ex gerente de Grupo Europa, Francisco Benítez, “previa orden de José Manuel Antón sugerida por María Antonia Torres para lograr una solución que a la postre quedaría meramente en temporal”.
En el correo, Antón Marín le expresa al actual miembro del Comité Ejecutivo regional del PP en Canarias la preocupación de carácter político, para el PP, el partido de Toñi Torres y de , de salir perjudicado en las elecciones de 2007 por no cumplir su compromiso hecho público por la concejal de “construir una vivienda social al día”, un eslogan ideado por el propio Antón Marín en 2004 pero atribuido por la prensa a Toñi Torres, en sus declaraciones públicas sobre la política municipal de vivienda del pacto PP-AFV/Ciuca en Telde para el mandato 2003/2007.
Le dice que “yo sigo sin comprender como se han podido desperdiciar más de 5 millones de euros en lo que va de año, lo que me lleva a pensar, creo que con suficientes datos, que toda esta continuada cantidad de errores y retrasos no se puede deber a la incompetencia de dos personas, tiene que haber algo más. Lo que está claro es que Toñi Torres no va a poder cumplir ninguno de los compromisos anunciados en prensa en materia de vivienda, con las consecuencias políticas que ello va a tener”.
La “fórmula discreta” para romper entre el diputado y el empresario
Es entonces cuando Antón Marín le plantea al portavoz del PP en el Parlamento de Canarias que “la única solución posible pasa porque Toñi Torres disponga de dos personas, una técnica y otra jurídica, CON PODERES, para sacar los temas adelante, si las personas las vuelven a poner los hermanos Reyes, o no les dan poderes suficientes para que no dependan de la gente de los hermanos Reyes yo prefiero buscar una fórmula discreta para cancelar nuestros acuerdos y evitar [el] descalabro que se va a producir en un tema tan delicado socialmente”.
El administrador único de Grupo Europa, tras advertir al diputado del PP que prefiere “cancelar nuestros acuerdos” de forma “discreta”, interpretado por ante el juez el martes pasado como “la resolución del contrato que unía Gestión de Cooperativas Europa con el Ayuntamiento de Telde” cuando le fue leído el correo en su toma de declaración como imputado, se despide de su asesor político con un “para cualquier duda que te quede llámame al móvil. Saludos, Antón”.
La versión de los hechos dada por al juez, después de que al principio de su declaración dijera “no saber nada de esto” y al serle leído el correo recordara “una llamada telefónica” en le comenta “las dificultades por las que estaba atrevesando el contrato” ante lo que el ex diputado del PP se queda “absorto” y le dice que no sabe “de qué me hablas, mándame un correo electrónico y cuéntame lo que te pasa”, difiere por completo de las conclusiones a la que llegan los investigadores.
Para estos, según consta ya incorporado al sumario del caso Faycán al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA este fin de semana, “queda de modo claro que la relación existente entre ambos va mucho más allá del mero relato de asuntos circunstanciales del uno al otro, haciéndose uso en el correo de una expresión tan significativa y esclarecedora para las investigaciones en curso como la de ”cancelar nuestros acuerdos“, referencia probable a los pagos ilegales que presuntamente se venían realizando por parte de Antón a a cambio de su intercesión para el logro de un trato de favor e ilícito de los representantes municipales de los ayuntamientos en los que el Partido Popular gobernaba”.
Grupo Europa y Urvitel acabaron en un conflicto judicial nada “discreto”
Y apuntan los investigadores que “una vez allanado el camino por Pérez para los fines empresariales de Gestión de Cooperativas Europa, SAU, a cuyo frente se encontraba Antón, sólo quedaba volver a acudir a él y a su buen hacer en el caso de que las cosas no llegasen a ir como era de esperar, circunstancia que ocurría en Telde en las fechas en las que este correo fue enviado”.
Fue sólo una solución temporal, porque el 1 de marzo de 2006, con la detención de Toñi Torres al estallar la operación policial, el bloqueo de las promociones se agravó hasta límites insoportables para Antón Marín, que recurrió en otras dos ocasiones a para intentar, primero ante la sustituta de Toñi Torres en Urvitel, Sonsoles Martín, y después ante el propio alcalde Francisco Valido, que liberaran desde Urbanismo la entrega de más suelos.
Es más, los hechos posteriores al estallido de Faycán corroboran que no hubo nada de “discreto” en la ruptura de relaciones entre Urvitel y GC Europa SAU, como interpreta Jorge Rodríguez en su declaración ante el juez acerca del correo, ya que el propio Antón Marín envió una carta en agosto de 2006 al alcalde Valido avisando de la paralización de las obras puestas en marcha en El Goro, y finalmente denunció en los juzgados el incumplimiento del contrato en octubre de ese año.
Este paso dado por Grupo Europa fue aprovechado por Urbanismo para anular en septiembre de 2006 las licencias de obra otorgadas entre diciembre de 2005 y enero de 2006, a raíz de los supuestos pagos de comisiones ilegales a “la gente de los hermanos Reyes”, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, ya que habían concedido autorizaciones en El Goro a Grupo Europa para construir en suelo no urbano.
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