La jueza investiga si el PIL falseó su contabilidad
En el nuevo auto hecho público, la juez instructora del caso Unión, Lucía Barrancos, señala que Matías Curbelo, que fue el administrador de la campaña electoral del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el año 2007, “habría falseado las cuentas del PIL, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando cualquier otro artificio pendiente de determinar que habría supuesto un aumento o disminución de las partidas contables con la finalidad de que dicho partido político pudiera eludir la fiscalización del Tribunal de Cuentas”.
En la pieza, cuyo secreto de sumario se acaba de levantar, se investiga principalmente una trama organizada en torno a Dimas Martin, que se encuentra actualmente cumpliendo condena en al cárcel, y al PIL, para conseguir comisiones ilegales y pagos por parte de empresarios a través de decisiones por parte de los cargos públicos de ese partido tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como en otras instituciones.
Según el auto, “aparece indiciariamente acreditado que, siguiendo las órdenes de Dimas Martín Martín, diversas autoridades del PIL y alguno de sus representantes se habrían comprometido a tomar decisiones e influir en otros funcionarios públicos a cambio de que ciertos empresarios facilitaran fondos económicos al PIL, financiación corrupta mediante la cual se habría intercambiado dinero por acciones políticas”.
Intereses ecónomicos
En otra de las partes del auto se asegura que el empresario Juan Francisco Rosa, “a través de su grupo de empresas, habría contribuido a la financiación irregular del PIL durante los periodos electorales tanto de 2003 como de 2007 con aportaciones de hasta 60.000 euros en pagarés por campaña electoral recogidos por Matías Curbelo Luzardo”. Según el auto, “dichas aportaciones se habrían hecho a cambio de que se favorecieran sus intereses económicos, particulares o de sus empresas”.
Tras el levantamiento de la primera parte de la operación Unión, en diciembre de 2009, se supo que Dimas Martín estaba contratado por Galerías Rosa para poder acceder al beneficio penitenciario del ejercer grado. Ese contrato facilitó la concesión del tercer grado, logrado por Martín en dos ocasiones y retirado por la Audiencia Provincial de Las Palmas en otras tantas, mientras cumplía una condena de ocho años. Según la UCO, Dimas Martín reintegraba al empresario el importe de sus nóminas.
Según uno de los atestados policiales de la investigación, Rosa intercede ante Dimas Martín para que éste “le ayude a solucionar todos los problemas que tiene en Yaiza con los hoteles ilegales y con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), diciéndole que debe imponerse con su hijo Fabián Martín, vicepresidente del Cabido de Lanzarote, y decirle: ”Fabián, se acabó esto ya, ¿me entiendes?, no puede ser ¿Me entiendes?“.
La estrecha relación entre Dimas Martín y Juan Francisco Rosa queda en evidencia a lo largo del sumario, no sólo por ser empleado y patrón. En una ocasión, el 4 de marzo de 2009, Dimas Martín habla con la alcaldesa de Yaiza, que le informa de que el teniente alcalde Leonardo Rodríguez tiene una reunión con “los planes parciales para el PGOU del municipio”. Martín dice que ya lo sabe porque se lo había dicho Juan Francisco Rosa.
Dos días después, en una conversación telefónica entre ambos para fijar una cita posterior, hablan sobre la solicitud de derribo de un hotel, probablemente el Princesa Yaiza, propiedad de Rosa, y sobre la llegada del cineasta Pedro Almodóvar a la Isla -el productor grabó en Lanzarote Los abrazos rotos- y un hotel. Dimas le dice a Rosa que, entonces, hay que montar una estrategia.
