La legalidad de la licencia de construcción del geriátrico de Ifara, en cuestión
El Juzgado número 3 de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife se ha dirigido a la Gerencia de Urbanismo para que dé cumplimiento inmediato al fallo firme que obliga a revisar la legalidad de la licencia urbanística otorgada al Geriátrico situado en Ifara. La Asociación de Vecinos Ifara-La Ninfa presentó en su momento la denuncia al considerar que la autorización incumple las normas urbanísticas de este enclave y por lo tanto sostienen que la decisión del Ayuntamiento sólo puede pasar por la demolición, aunque sea parcial, del inmueble.
No es el único caso ya que muy cerca de esta residencia de ancianos también hay otro fallo firme que obliga a derribar un parte del edificio La Ninfa. Un pleito por el que actualmente están imputados los ex concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, el ex gerente de este organismo, José Tomás Martín y el ex secretario, Víctor Reyes por supuesta prevaricación administrativa.
En el caso del Geriátrico hace ya dos años que el Juzgado de lo contencioso sentenció que se debía proceder a la revisión de oficio de esta licencia al sospecharse que se había incurrido en determinados incumplimientos en la construcción del inmueble. En concreto, el Juzgado pide que el Ayuntamiento se pronuncie sobre si se han superado las alturas máximas fijadas para este ámbito, entre otros motivos más, por los cuales ya se ha procedido al derribo de una vivienda unifamiliar y un edificio en Residencial Anaga y existen otras cuatro sentencias firmes que podrían acabar de idéntica manera.
Indemnizaciones
En todos estos casos el responsable de los incumplimientos no son los promotores sino la propia Gerencia de Urbanismo a la que los dueños podrán pedirles indemnizaciones que hasta ahora han oscilado entre los 150.000 y los 300.000 euros. La Asociación de Vecinos ha exigido ya ante el Ayuntamiento que se proceda a la demolición de todos los elementos que están fuera de la legalidad una vez que sea revisada la licencia. El portavoz de este colectivo Mariano Reymundo señala que en varias ocasiones se ha reunido con representantes de Urbanismo pero hasta ahora sigue sin recibir ninguna respuesta. Después del auto del Juzgado del pasado mes de junio ahora su intención es volver a remitir otro escrito a la Gerencia con el fin de que se dé cumplimiento al fallo judicial.
La licencia fue otorgada a principios de 2003 por el entonces concejal de Urbanismo y Obras, Norberto Plasencia, y fue recurrida por los vecinos dos años más tarde momento en el que exigieron que la Gerencia revisara la autorización otorgada y declarara que era ilegal. A finales de 2010 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo les dio la razón a los denunciantes y dictaminó que el Ayuntamiento debía volver a estudiar si el edificio cumplía con las normas urbanísticas que rigen en este enclave. Además, el Consejo Consultivo de Canarias está obligado a emitir un informe, paso que tampoco se ha dado.
Pasividad municipal
En el mes de diciembre de ese mismo año el Juzgado declaró firme la sentencia y otorgó el plazo de dos meses para que fuese cumplida. Ante la pasividad municipal el portavoz de la AV remitió un escrito al Juzgado a principios de este año en el que informaba de que no se había dado cumplimiento a la resolución judicial. Por ello, el pasado mes de junio el Juzgado de lo Contencioso Administrativo se dirigió a la Gerencia y le otorgó esta vez diez días de plazo para que informara de por qué no se había llevado a cabo el contenido del fallo, se explicaran sus razones y se diese cumplimiento inmediato al mismo. En caso contrario se advertía de la imposición de sucesivas multas que oscilan entre los 150 y los 1.500 euros y de posibles responsabilidades penales por parte de los representantes de la Gerencia.
En cuanto al edificio La Ninfa se está a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción elabore su escrito de acusación después de que recientemente un peritaje encargado por el Juzgado de Instrucción número 3 haya ratificado otro anterior realizado por el Colegio de Arquitectos en el que se indicaba que este inmueble ocupó cinco metros lineales de suelo público. Así fue ratificado en distintas sentencias aunque al final para darles cumplimiento la Gerencia procedió a ceder 115 metros cuadrados a los propietarios, lo que dio lugar al pleito por la vía penal que mantiene como imputados a los antiguos responsables de la Gerencia de Urbanismo.
