La licencia de obra del centro comercial de Santa Brígida es nula
El centro comercial de Santa Brígida se ha quedado sin cobertura jurídica y entra en una nueva fase judicial imprevisible. El Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria condena al Ayuntamiento de la Villa a dar “una respuesta expresa” a la petición realizada en abril de 2004 por varios concejales de la oposición para la revisión de la licencia de obra 28 / 2003 otorgada a la UTE constructora.
La magistrada Esperanza Ramírez Eugenio ha admitido la demanda presentada en su día por el actual concejal del grupo de gobierno Antonio Ramírez (Los Verdes), en la oposición en el anterior mandato (PSC-PSOE), y declara la nulidad del contrato de adjudicación en favor de la UTE y de cuanto se haya desarrollado y/o ejecutado de dicho acuerdo, como es la aprobación del proyecto de ejecución de obra y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de concesión de la licencia de obra.
En la sentencia de la que ha tenido conocimiento CANARIAS AHORA, la juez insta al Ayuntamiento a pronunciarse, en el plazo de seis meses, sobre la petición formulada en 2004 por los concejales para revisar la concesión de la licencia de obra, que por lo tanto debe incoar expediente de revisión del procedimiento puesto en duda en la propia sentencia, ya que, en sus fundamentos, la magistrada indica: “La nulidad de la licencia derivaría de la propia nulidad de la Modificación de las Normas Subsidiarias” del Ayuntamiento de Santa Brígida, decretada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el Procedimiento Abreviado 69 /2002.
La setencia obliga al Ayuntamiento a retrotraer “las actuaciones al momento de la publicación de los Pliegos de Condiciones del Concurso Público”, para de este modo “introducir las modificaciones permitidas en el proyecto de la UTE”, que ha derivado con el paso del tiempo en otros procedimientos judiciales, alguno de ellos en casación ante el Tribunal Supremo, e incluso en una investigación judicial promovida por la Guardia Civil en el marco del denominado caso Brisan. La sentencia desestima solamente la petición del demandante de paralizar las obras, ya que estas están bloqueadas por iniciativa de la propia UTE desde hace dos años.
Según han explicado a CANARIAS AHORA fuentes conocedoras del caso del centro comercial, el Ayuntamiento deberá ahora analizar las repercusiones de esta sentencia, si decide demoler el inmueble, o si se presta a liquidar el contrato con la UTE estimado ahora nulo por la juez, con la devolución a la empresa constructora de la inversión realizada.
