Licitadores imposibles para poder asignar contratos
Invitar a concurso a licitadores imposibles, o pedirles más dinero para concursar. Esas eran algunas de las estrategias que según la juez López Encinas se habrían llevado a cabo en el área de Cultura del Ayuntamiento de Granadilla de Abona entre 2003 y 2007 para adjudicar contratos por hasta 1.328.302 euros a tres empresarios.
Según la investigación judicial y la acusación popular, que ejerce Sí se Puede en Abona, durante dos años y cinco meses, de 2005 a mayo de 2007, tres empresarios lograron por 1.328.813,84 euros de la Concejalía de Cultura, Educación, Infancia y Consumo del Ayuntamiento de Granadilla, de la que era responsable Ana María Casimiro, sin cumplir los mínimos requisitos legales como la falta de informes técnicos que garantizasen que las actividades contratadas se habían llevado a cabo, o la falta de acreditación de que los beneficiados tuviesen organización, equipo y capacidad económica para ejecutar lo acordado.
La investigación judicial parte de que los empresarios Juan Italo Lucio Zinícola, Ernesto Rassi Aldet y Tanía Poladura Fernández (representante de Assesport Atlántica S.L.) lograron los contratos mediante tres procedimientos: asignación directa, negociado sin publicidad y concurso público.
En los casos de negociado sin publicidad, sólo se llevaban a cabo invitaciones a Zinícola, que era quien lograba el contrato, y a una entidad llamada Aerofit cuyo propietario, José Fandiño, vive en Pontevedra. Las propuestas de los otros invitados siempre eran por cuantía superior a lo establecido en el concurso, por lo que automáticamente quedaban descartados de la adjudicación.
Jorge Bucay y los derechos de exclusividad
En el caso de Ernesto Rassi Aldet, gran parte de los contratos por negociado sin publicidad le eran otorgados por el “derecho de exclusividad sobre los intervinientes” en los talleres y actividades que promovía, pero ese derecho de exclusividad no figura acreditado en ninguno de ellos.
Aparte de carecer de los pliegos de prescripciones técnicas previo a la autorización del gasto, los contratos con Rassi, hasta un total de 15 entre 2005 y 2006, tampoco estaban acompañados de la declaración jurada de no estar incurso en las prohibiciones legales para ser contratado, ni documentación alguna que acreditase su solvencia técnica y económica.
En cuanto a los concursos públicos, Rassi obtuvo uno por cuantía de 180.000 euros, cuyo eje central eran los talleres y conferencias que debía impartir el psiquiatra y psicoterapeuta argentino Jorge Bucay en, pero el contrato de exclusividad sobre Bucay tampoco aparece firmado por nadie.
Rassi, que según la investigación judicial de Primera Instancia e Instrucción 3 de Granadilla, mantenía una “intima amistad” con la concejal Ana María Casimiro, también logró dos subvenciones por un total de 120.000 euros (60.000 en septiembre de 2006 y otros 60.000 euros en febrero de 2007) para una asociación cultural de la que era presidente, la asociación canario-uruguaya Canuy.
Canuy tiene su alta fiscal en abril de 2006 y fue dada de alta en el Registro de Asociaciones Municipales de Granadilla de Abona en agosto de ese año, por lo que la primera subvención la obtuvo apenas un mes después de iniciar su andadura, mediante un decreto del ex concejal de Hacienda, Fidel Rodríguez Gaspar, imputado a su vez en tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Esa subvención recibió el visto bueno de Ana María Casimiro el diciembre de 2006, justo el mismo día en que el interventor accidental emitió un informe de intervención en que expresaba la “inseguridad jurídica” que suponía esa subvención al no poder corroborar que las actividades se habían llevado a cabo.
Pese a todo, en febrero de 2007, Canuy recibió otros 60.000 euros sin constar siquiera solicitud de la concejal y sin que esa subvención haya quedado justificada.
Ana María Casimiro es investigada por la juez Roi López Encinas por dos posibles delitos de prevaricación al haber votado a favor de la concesión de licencias urbanísticas para empresas en las que González Cejas tenía intereses como accionista. A estas acusaciones, que también investiga la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, podrían sumarse las de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y una tercera de prevaricación por asignar estos contratos sin control municipal alguno.
