Los 52,4 millones de Las Teresitas, antes del 21 de junio
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) y uno de los ponentes de la primera sentencia que anuló la compra-venta de las parcelas de Las Teresitas, Rafael Fernández Valverde, ha considerado que la última sentencia, publicada a finales de abril, y que ratifica esta anulación, “está muy clara” y que por tanto “hay que cumplirla antes de dos meses”.
Así lo declaró a ACN Press el magistrado, quien participó este viernes junto al catedrático de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Carmelo Padrón, en un debate en torno al cumplimiento de las sentencias ante hechos consumados en el marco del II Congreso de Derecho Urbanístico celebrado en Santa Cruz de Tenerife.
Fernández Valverde ha sido uno de los ponentes que participó en la redacción de la sentencia de mayo de 2007 que anuló la compra-venta por 52,4 millones de las parcelas cercanas a la Playa de Las Teresitas. Esta sentencia, tras numerosos recursos presentados por las partes, fue ratificada a finales de abril con una nueva sentencia que dictamina la ilegalidad de esta compra-venta, al no contar con informes de arquitectos municipales para contrastar la tasación del valor de los terrenos.
Esta nueva sentencia está, a juicio de Fernández Valverde, “muy clara”, lo que en teoría supone que ILT debe devolver los 52,4 millones que le pagó el Ayuntamiento, y este devolver a esta empresa, participada por Ignacio González y Antonio Plasencia, las parcelas que adquirió. Velázquez recordó que por ley, las sentencias del TS deben cumplirse antes de los dos meses de su publicación, lo que supone que el plazo para su cumplimiento expira el próximo 21 de junio.
Sin embargo, el Ayuntamiento aún no se ha pronunciado al respecto y su alcalde, Miguel Zerolo, se ha limitado a informar de que los servicios jurídicos están estudiando el alcance de esta sentencia y que, no obstante, hará lo que estos le digan, “como no puede ser de otra manera”.
Historia de un 'pelotazo de libro'
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la sociedad ILT llegaron a un acuerdo en septiembre de 2001 por el que ésta última vendía 11 parcelas del frente de playa de Las Teresitas por 52,4 millones de euros, compraventa que fue anulada por el TS en sentencia de mayo de 2007 al constatar que no se había realizado tasación por parte del arquitecto municipal.
Ante esta anulación, el Ayuntamiento presenta escrito para que se declare la imposibilidad de ejecución de la sentencia o fijar una nueva tasación, a lo que el TSJC accede en su auto de noviembre de 2007, “extralimitándose” en sus funciones a tenor de la sentencia hecha pública a finales de abril de 2010 por el TS y que ratifica la anulación de la compraventa.
