40.000 euros de multa por concentrarse en la parcela de la nueva cárcel
Las multas impuestas a vecinos de El Castillo del Romeral por concentrarse en la parcela donde se construye la segunda cárcel de Gran Canaria, en rechazo a esta instalación, superan los 40.000 euros, según dijo este miércoles el portavoz del Consejo Abierto de Vecinos Guillermo Wittenbach.
Este colectivo cuenta con 15.000 firmas de apoyo y su rechazo a esta cárcel lo respaldan otras organizaciones vecinales de la isla; grupos políticos de San Bartolomé de Tirajana como Unidad del Pueblo, CC, el PP, Agrupación de Vecinos o Los Verdes; sindicados como Intersindical Canaria y el Sindicato Obrero Canario; ecologistas de Turcón y Ben Magec, la patronal Fecao y la cooperativa de taxis de Maspalomas, entre otras entidades, detalló José Carlos Suárez.
A las numerosas acciones de protesta que han secundado hasta el momento en contra de la construcción, en los Llanos de Juan Grande, de una cárcel que tendrá 1.080 celdas, junto a la que sospechan que se ubicará un centro de internamiento de menores inmigrantes, que gozarán de régimen abierto, hecho que preocupa a los vecinos de la zona, el Consejo Abierto de Vecinos de El Castillo del Romeral organizará el viernes una manifestación que discurrirá por Las Palmas de Gran Canaria.
La marcha comenzará a las 19.30 horas en el Parque San Telmo y finalizará en la Plaza de La Feria, ante la sede de la Delegación del Gobierno y se desarrollará con el lema de No a la Macro Cárcel.
“Miedo a un nuevo Guantánamo”
Wittenbach manifestó que los vecinos de El Castillo que no cuestionan la necesidad de esta segunda cárcel, aunque sí su ubicación, ya que consideran un error situarla “en la puerta de entrada del pulmón económico” de Gran Canaria: la zona turística de Maspalomas, al sur de la isla, temen, además, que esta nueva instalación se convierta “en un nuevo Guantánamo”.
“Como el Tribunal Superior de Justicia norteamericano les ha cerrado Guantánamo y tienen que desalojarlo, ellos han constituido en África lo que se llama el Africom, que son cinco comandos que tratan de controlar en todo el continente a los islamistas. Quieren buscar un lugar donde poner a estos señores, actualmente lo están haciendo en un portaaviones en el Golfo de Guinea, pero quieren tener un sitio estable en tierra y se habla de una cárcel”, refirió.
El portavoz de los vecinos de El Castillo del Romeral aseguró, asimismo, que la federación de operadores y mayoristas turísticos europeos ha escrito una carta a la consejera de Turismo del Gobierno canario, Rita Martín, en la que expresa la preocupación del sector por la construcción de esta cárcel en el sur de Gran Canaria.
Concretamente, los operadores turísticos europeos han alertado a Martín del impacto turístico y medioambiental que tendrá este penal, además de sus repercusiones en los niveles de delincuencia de la zona, en relación a la actividad de los presos con régimen abierto, afirmó Wittenbach.
Los vecinos consideran que no son insolidarios
Los portavoces de los vecinos de El Castillo del Romeral niegan tener prejuicios en relación a esta cárcel y que la rechacen por temor a que sus viviendas pierdan valor o por seguir consignas de determinados grupos políticos o económicos.
También rechazan que sean insolidarios por exigir que una instalación de estas dimensiones, “más propias de la meseta castellana que de un territorio insular”, se ubique a menos de un kilómetro de distancia de un núcleo urbano (El Castillo del Romeral), a cuatro de una zona turística (Maspalomas), a tres de un área comercial (Vecindario), cerca de una zona protegida (Juncalillo, declarado LIC) y en unos terrenos que fueron “una reserva agrícola de primer orden”.
Al mismo tiempo, califican como indignas las compensaciones que la Delegación del Gobierno ha ofrecido en relación a la construcción de esta cárcel, ya que, en opinión de Wittenbach, la depuradora presupuestada en 10 millones de euros que ha anunciado Carolina Darias se hará porque los reclusos que albergará el nuevo penal duplicarán la población de la zona, y no por mejorar los servicios, que ya son los necesarios.
Los representantes vecinales consideraron propia de la “predemocracia” la actuación policial que se ha desarrollado, tanto de día como de noche, en El Castillo del Romeral contra los manifestantes, unas actuaciones que el portavoz Pablo Guedes, de 76 años, comparó con las que se aplicaron, en el Franquismo, contra los aparceros de la zona que se movilizaron para que sus hijos tuvieran colegios, a lo que se negaban los empresarios agrícolas del sector del tomate, dijo.
