Multados por oponerse a la tala de laureles de india
La Audiencia Provincial ha ratificado que tres vecinos deberán pagar cada uno 210 euros de multa por un delito de desobediencia a la autoridad al haberse opuesto a la poda de los laureles de india de Montaña Morera (Santa Cruz de Tenerife). Los hechos tuvieron lugar el 24 de marzo de 2011 cuando un grupo de personas “se situó debajo de los árboles sobre el que se colocó la grúa para empezar a trabajar, impidiendo así que se realizaran los trabajos”.
Estos vecinos también dejaron claro a la Policía, según la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 3 y ratificada ahora por la Audiencia, que se iban a oponer a la realización de los trabajos de poda de la copa de los árboles al estimar que en realidad se trataba de una tala encubierta.
Lo curioso es que justo un día antes la Gerencia de Urbanismo había ordenado paralizar los trabajos de urbanización que la empresa Desurcic, integrada por Inversiones Las Teresitas (ILT) y la aseguradora Mapfre, al no ajustarse al proyecto aprobado por el Ayuntamiento. Además, en el decreto se estipulaba que las labores de poda debían de ser previamente notificadas al Distrito de Anaga. Un requisito que nunca se cumplió.
El abogado de uno de los vecinos, Felipe Campos, lamenta que el juzgado no entrara a valorar la supuesta ilegalidad de los trabajos que allí se iban a realizar sino que tan sólo se tuviera en cuenta el delito de desobediencia a la autoridad. En los dos fallos se recoge que pese “a las repetidas veces en las que los agentes les advirtieron y requirieron a los vecinos para que depusieran su actitud”, estos se negaron. Al final las labores fueron suspendidas precisamente a fin de garantizar la seguridad de los manifestantes.
La titular del Juzgado rechazó los argumentos de los abogados (uno de los cuales, José de La Rosa, resultó también condenado) al estimar que “quisieron convertir el juicio en un proceso contra la corrupción en el Ayuntamiento, contra las actuaciones y obras, en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales o en una discusión sobre la validez o no de las decisiones administrativas”. Durante la vista oral un policía local llegó a manifestar que De la Rosa se había encaramado en uno de los árboles para impedir la tala lo que fue respondido con indignación por el letrado. “¿Quién se puede creer que yo a mi edad me pudo subir a un laurel de india?”, indicó el abogado de más de setenta años.
Durante el proceso judicial no se aceptaron los argumentos sobre si se cumplieron los requisitos para la tramitación, notificación y ejecución de los trabajos que según las sentencias estaban amparados por la legalidad. La Audiencia ratifica que pese a que los vecinos fueron advertidos por la Policía Local de que no debían oponerse a las labores de poda, “no sólo se negaron a irse del lugar, sino que advertidos de que la grúa iba a comenzar su labor se situaron debajo del árbol en cuestión”. La sentencia recoge que “pese a que estos vecinos fueron requeridos y advertidos varias veces por la Policía de que podìan incurrir en responsabilidades, decidieron que de allí no se movían, obligando con su actitud de resistencia pasiva y clara desobediencia a que finalmente, y valorando su propia seguridad, el dispositivo policial así como la empresa interviniente decidiesen que se suspendían del todo las labores de poda”.
“Desconocimiento” de la corrupción
Otro de los abogados de los vecinos, José Pérez Ventura, justificó la presentación del recurso ante la Audiencia al considerar que la juez “demostró un desconocimiento absoluto de lo que ocurre en el entorno de Las Teresitas y los casos de corrupción que allí se concentran. Me parece lamentable que no se haya querido entrar a valorar la realidad judicial de este enclave. De hecho, las obras en la actualidad están precintadas precisamente porque la Gerencia de Urbanismo las ha considerado ilegales”, indicó. Los vecinos creen que no se siguieron los trámites pertinentes para hacer la poda.
La Audiencia, sin embargo, sostiene que la desobediencia quedó probada por el testimonio “claro y rotundo” de cuatro agentes de la policía local que intervinieron en el juicio oral. La sentencia relata que el trato de los agentes hacia los manifestantes fue “correctísimo”, mientras que estos por el contrario optaron por mantenerse debajo de los árboles con el fin de impedir las labores de poda. “Considero, claramente acreditado, que los denunciados decidieron con su acción desobedecer las órdenes la policía que llevaban horas intentando convencerles de que los trabajos debían realizarse”, concluye el fallo.
El actual concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, no solo mantiene en estos momentos la suspensión de las obras en este ámbito y en Las Huertas, sino que además ha garantizado a los vecinos que los laureles seguirán en su actual emplazamiento. Los residentes sin embargo se quejan de que los servicios municipales no riegan esta veintena de ejemplares de casi medio siglo con lo cual son ellos los que tienen que ocuparse de mantenerlos.
