Nueva Canarias propone expropiar viviendas vacías a fondos buitre y bancos para el alquiler asequible
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández, ha planteado este jueves, mediante su proposición de ley registrada en el Parlamento regional, actuar sobre una de las consecuencias “más amargas” de la emergencia habitacional: movilizar, mediante expropiaciones temporales, las viviendas vacías de bancos, fondos buitres y grandes tenedores para destinarlas al alquiler asequible, así como una penalización fiscal a los grandes tenedores por la adquisición de más inmuebles.
Según explica Nueva Canarias en una nota, este planteamiento viene a raíz de los desahucios como el que estaba previsto para este viernes en Granadilla de Abona de una señora con cáncer terminal, y que ha sido suspendido por el momento, o el acaecido este miércoles en Madrid de una mujer de 87 años.
Carmen Hernández afirmó que “necesitamos movilizar toda la vivienda disponible” en las islas para dar una respuesta rápida ante situaciones como la mujer de 54 años del Sur de Tenerife o Maricarmen que van a perder su casa mientras existen miles de viviendas vacías en las islas y grandes tenedores que acumulan propiedades sin utilizar.
La parlamentaria nacionalista explicó que la Proposición de Ley (PPL) Canaria de Garantía del Derecho a la Vivienda Protegida y Asequible NC-BC prevé medidas específicas frente a los grandes tenedores, incluyendo fondos buitre, entidades financieras y sociedades inmobiliarias.
El inmueble desocupado “injustificadamente”, según Hernández, podrá dar lugar a multas coercitivas de entre 1.000 euros y 10.000 euros por vivienda, reiterables hasta que se acredite su ocupación efectiva, así como a sanciones administrativas de hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento reiterado.
Ante incumplimientos persistentes, la propuesta permite la expropiación temporal durante un periodo de entre cinco y 10 años para destinarlas al arrendamiento público asequible.
La diputada de NC-BC añadió que esta medida contempla una compensación económica para sus propietarios y establece como destinatarios prioritarios a personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de desahucios, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes y familias con dificultades de acceso a la vivienda.
Para el “gran tenedor” se crea un nuevo tipo incrementado del 20 por ciento del impuesto de Transmisiones Patrimoniales. También ese tipo del 20 por ciento cuando se venda un edificio entero de viviendas a una persona físicas o jurídicas, aunque no sea un gran tenedor y a la transmisión de un piso, apartamento destinado a vivienda vacacional.
Con esta medida, NC-BC busca penalizar las adquisiciones que tengan fines especulativos.
En paralelo, se pretende actuar antes de que se produzca un desahucio. Para ello, se propone que, cuando una persona en situación de especial vulnerabilidad se enfrente a un procedimiento de desahucio y no disponga de otra vivienda, la administración pública active mecanismos de mediación con la propiedad para afrontar la deuda y tratar de garantizar la continuidad en la vivienda.
Cuando mantener a la familia en su casa no sea posible, la administración deberá buscar una alternativa habitacional adecuada. “En Canarias tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que una familia pierda su casa cuando existen alternativas. Y cuando no sea posible evitarlo, nadie debería enfrentarse a un desahucio sin una alternativa habitacional”, señaló Hernández.
La vivienda debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la especulación“, declaró Carmen Hernández.
0