Oramas y Quevedo recogen el relevo en la tradición de los presidentes canarios en el Congreso
Con las dos comisiones de investigación constituidas esta semana en el Congreso son seis los órganos de este tipo presididos por diputados nacionalistas canarios en los últimos 23 años, práctica que casi se ha convertido en tradición y que confirma la preferencia por encargar esta función a partidos minoritarios.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, va a presidir la comisión de investigación dedicada al rescate bancario, y Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, la que analizará la presunta financiación irregular del PP.
Ambos han sido designados tras una compleja negociación que finalmente ha puesto de acuerdo a socialistas y populares.
Fue en la V Legislatura, allá por 1994, cuando por vez primera un diputado canario, Luis Mardones, de CC, fue elegido presidente de una comisión no permanente de estas características.
Fue la ocupada de estudiar la financiación de los partidos, asunto que ahora vuelve a estar muy de moda en el Parlamento, al que el Senado va a dedicar otra comisión de investigación aún pendiente de constituir.
Bajo la supervisión de Mardones, allí se habló del caso Filesa, en el que estuvo implicado el PSOE por prácticas irregulares en su financiación, así como del “caso Naseiro”, por el nombre del que fue tesorero del PP, Rosendo Naseiro, en otro asunto sobre financiación ilegal.
Cinco años después, ya en la VI Legislatura, los grupos del Congreso volvieron a recurrir a Mardones para que ocupara la Presidencia de otra comisión de investigación, constituida en junio de 1999 para indagar sobre el presunto fraude en la concesión de ayudas de la UE para el cultivo del lino.
El ya veterano Luis Mardones se convirtió en un “clásico” de las comisiones de investigación cuando en la VII Legislatura el Congreso constituyó otra dedicada a analizar el escándalo financiero de Gescartera, con más de 2.000 personas afectadas por un perjuicio económico que superó los 20.000 millones de pesetas “esfumados”.
Pero la que seguramente haya sido la más relevante de la democracia, la que más interés ciudadano suscitó y mayor importancia social y política alcanzó fue la que se creó el 27 de mayo de 2004 sobre los atentados terroristas del 11M, perpetrados tres meses antes en Madrid.
Nuevamente un diputado del Archipiélago, el portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Paulino Rivero, se ocupó de encabezar los delicados trabajos de una comisión ante la que declararon el expresidente del Gobierno José María Aznar y su sucesor en el cargo, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Con ésta sumaban cuatro las ocasiones en que CC había ocupado la presidencia de una comisión de investigación del Congreso, y han tenido que pasar trece años para que la Cámara Baja vuelva a aprobar la creación de otras nuevas, una más presidida por CC, con su diputada Ana Oramas, y la otra por NC, con Pedro Quevedo.
Eso sin contar el Senado, donde en 1995 se creó una comisión de muy corta duración, finiquitada abruptamente, con el propósito de buscar responsabilidades políticas por la “guerra sucia” contra ETA a cargo de los GAL.
El senador de Coalición Canaria Victoriano Ríos fue su presidente durante las cuatro semanas que duró su escasa labor, con sólo tres comparecencias que no supusieron avances y que no permitieron llegar a conclusiones porque se disolvió antes de tiempo.
Años después, la reactivación de estos órganos en la actual legislatura ha supuesto un número insólito de comisiones activas en el Congreso.
Porque además de las dos creadas esta semana, la Cámara tiene otra en marcha, constituida el 9 de marzo, sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior dirigido por el exministro Jorge Fernández Díaz para perseguir a independentistas.
El diputado del PNV Mikel Legarda es su presidente, diputado de un partido nacionalista que también ha ocupado la presidencia de otras en el pasado, como la que en febrero de 1997 indagó la supuesta amnistía fiscal del Gobierno del PSOE.
Fue su presidente el diputado Jon Zabalía, quien antes había desempeñado la misma función en otras dos más: las dedicadas en 1994 al “caso Banesto” y a la actuación del exgobernador del Banco de España Mariano Rubio.
También los nacionalistas catalanes de CiU tuvieron su presidente en comisiones de investigación del Congreso.
Lo fue su diputado Josep López de Lerma, en 1994, de la que se ocupó del “caso Roldán” por el desvío de fondos de la Dirección General de la Guardia Civil que encabezó Luis Roldán.
Al año siguiente, López de Lerma repitió al frente de la que se encargó del proceso de privatización de la empresa pública “Intelhorce”.
Antes de 1994 hubo otras comisiones en el Congreso, pero en las primeras legislatura eran los grupos mayoritarios quienes las presidían, como el PSOE o la Unión de Centro Democrático (UCD).
