El Parlamento canario avala el proyecto de ley de autoridad del profesorado, pese a las reticencias de oposición, sindicatos y familias

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, AHI y ASG) han aprobado este jueves el dictamen de la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad de profesorado con las críticas de la oposición, que teme una oportunidad perdida que puede generar frustración y cuestiona su legitimidad en época preelectoral.

La norma, que lleva tramitándose el último año, no contenta a asociaciones de madres y padres, mientras que los sindicatos, que en general la respaldan, han preparado enmiendas para mejorar el texto.

El dictamen pasará ahora al próximo pleno del Parlamento de Canarias para su debate y votación, y los grupos que quieran presentar un voto particular tienen de plazo hasta el próximo lunes para efectuar sus propuestas en este sentido.

Durante el debate del dictamen en la comisión de Educación en el Parlamento de Canarias el diputado del grupo Socialista Marcos Hernández ha criticado la forma “nada operativa y poco estética” de legislar “sobre lo ya legislado”, pues a su juicio la autoridad del profesorado ya viene regulada en la legislación estatal y autonómica.

“Al final esto es una puesta en escena que, no nos llevemos a engaño, no funciona así” si no se llena de contenido a la norma y por lo tanto puede quedar “en una oportunidad perdida” que la Consejería de Educación intentará “vender como un éxito sin ir a los problemas reales”, ha añadido Hernández.

Y “¿cómo vamos a llenar de contenido una norma si luego no ponemos los medios?”, ha cuestionado el diputado socialista, para quien el proyecto adolece de aspectos fundamentales en cuestiones como la recuperación del poder adquisitivo, el reconocimiento económico a las tutorías y revertir el recorte de las pagas extraordinarias con lo que, en suma, se puede generar “más frustración que certeza”.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha pedido a los grupos que apoyan al Gobierno que respalden sus enmiendas, puesto que surgen de los comparecientes a la comisión y proponen mecanismos “reales y efectivos” en este ámbito.

Hernández ha confiado en que sea una ley “de todo el Parlamento de Canarias y no sólo de CC, PP, gomeros y herreños” y ha expresado su convicción de que no sabe hasta qué punto hay legitimidad en aprobar una norma “de cinco meses de vida”, antes de las próximas elecciones autonómicas, “si no hay consenso”.

Para Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, el texto avanza en la dirección de aplicar medidas concretas y entender la convivencia como una responsabilidad compartida, con el desarrollo de un “escudo preventivo” para una norma necesaria que, ha recordado, surge por la reclamación de la comunidad educativa “y no ha sido un invento de un grupo parlamentario”.

Sonsoles Martín, del grupo Popular, ha objetado el discurso del “vaso medio vacío” de la oposición y ha precisado que el consenso significa modificar entre todos, no oponerse cuando “no se aprueba lo mío”.

Martín ha advertido de que en la comisión “se ha dejado caer algo peligroso” en cuanto a que si es legítimo aprobar ahora una ley, pues ha recordado que en Canarias no hay actualmente un periodo preelectoral y, por el contrario, se ha preguntado “si acaso es legítimo aprobar un Decreto en una Diputación Permanente que ha sido rechazado por el Congreso”.

Para el diputado del grupo Nacionalista Jonathan Martín la autoridad del profesorado y la convivencia escolar “deben reforzarse mutuamente para construir centros educativos más seguros, inclusivos y respetuosos”, y ha precisado que defender la autoridad del profesorado no significa defender una escuela más dura, sino trabajar porque sea más justa, segura y respetuosa.

Asimismo, ha explicado que el grupo Nacionalista rechazó parte de las enmiendas del PSOE y Nueva Canarias por considerar que sus contenidos deben abordarse en otras normas educativas, documentos en trámite o mediante el desarrollo reglamentario de la ley, y ha manifestado su oposición a la propuesta de Vox de eliminar la figura del coordinador de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

Por su parte la diputada no adscrita Marta Gómez ha considerado que la ley es “muy necesaria” porque va a dotar al profesorado de protección jurídica, apoyo psicológico y protocolos de actuación en caso de conflicto y lograr el objetivo de que las aulas sean un entorno seguro para docentes y alumnado. 

Opinión del Consejo Escolar y los sindicatos

El Consejo Escolar elaboró ya el pasado mes de abril un informe con conclusiones sobre este proyecto señalando que para que esta ley sea realmente efectiva “debe concretarse en un plan de acciones para que constituyan una herramienta útil y eficaz que mejore el clima de convivencia y el bienestar integral del profesorado”. Asimismo, reiteró la necesidad de garantizar una adecuada financiación del sistema educativo, ya que hoy día se sigue sin llegar el 5% del PIB para esta área.

El Consejo consideró que la ley aún carece de de propuestas en materia de recursos en los centros educativos y que el prestigio del profesorado se protege “asegurando unas condiciones laborales dignas que incluyan una disminución de las ratios, infraestructuras seguras, accesibles y en buen estado, una formación de calidad y una estabilidad laboral, entre otras acciones orientadas a asegurar sus derechos como trabajadores y trabajadoras”. 

Mientras tanto, los sindicatos han preparado enmiendas pidiendo, entre otras cuestiones, acciones concretas y un aumento de la financiación.

Por último, las familias, a través de las Federaciones de Ampas de Gran Canaria y Fuerteventura (Fapa Galdós y Fimapa), y la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, consideran que el concepto de autoridad docente enfocado a la gestión de la convivencia debe incluir garantías para toda la comunidad educativa y solicitan que el debate parlamentario se enriquezca incorporando también la experiencia de educadores sociales, trabajadores sociales y otros profesionales de la intervención socioeducativa, que trabajan directamente en la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de La Palma también criticó la presunción de veracidad. “Si la palabra del docente es la única que vale, ¿qué función tiene la comisión de convivencia?”, se cuestionó.