El Parlamento propugna una partida presupuestaria anual que garantice una financiación básica de las Cámaras de Comercio

La Comisión de Industria, Energía, Comercio y Consumo del Parlamento de Canarias ha dictaminado el proyecto de ley de Cámaras de Comercio, pendiente de su aprobación en pleno, con el que se quiere garantizar una partida presupuestaria anual que garantice una financiación básica.

Así lo han manifestado los representantes de CC, PSOE, PP y ASG, si bien Podemos y Nueva Canarias planteaban una redacción más precisa que no dejara resquicio legal a que algún gobierno pueda negarse a financiar anualmente los gastos de funcionamiento y de prestación de los servicios públicos encomendados a las cámaras.

Los diputados reconocieron en el debate en comisión que el reparto de esas partidas presupuestarias ha sido uno de los aspectos más difíciles, dada la heterogeneidad de las cámaras en su ámbito territorial de actuación y en su tamaño.

En Canarias hay cuatro cámaras de comercio, las de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

“Las dificultades han sido extraordinarias, muchas posiciones eran opuestas”, dijo el diputado del PP José Tomás Estalella.

Algunas cámaras no estarán satisfechas plenamente, pero “era imposible alcanzar acuerdos sin una insatisfacción razonable por parte de todos”, apuntó.

Finalmente se ha buscado un equilibrio en el reparto de la financiación pública que tiene en cuenta criterios objetivos, como el número de empresas asociadas, pero también otros como la doble insularidad o los servicios que se prestan en las islas no capitalinas, resumió la diputada de CC Socorro Beato.

Para Gustavo Matos, del PSOE, no ha sido fácil conciliar los intereses de cuatro cámaras, de las cuales tres están en una provincia, y con difíciles equilibrios entre las de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Pese a ello “hemos llegado a un acuerdo razonable”, dijo el diputado, quien afirmó que aunque el texto no incluye “un imperativo irrefutable” para que el presupuesto autonómico financie anualmente a las cámaras, “en términos prácticos” ningún ejecutivo asumirá el coste de no hacerlo.

Tanto Podemos como Nueva Canarias defendieron sin éxito enmiendas para asegurar que la consignación presupuestaria sea obligatoria para el Gobierno.

La diputada de Podemos Concepción Monzón también defendió sin éxito que para el plenario de las cámaras de comercio se estableciera un voto a cada empresa, y no ponderarlo en función del peso en la economía de cada sector o de cada compañía.

Tampoco tuvo éxito en su intento de que se procurara que en el pleno cameral hubiera una representación paritaria entre hombres y mujeres.

Podemos defendió además un voto ponderado en el Consejo Canario de Cámaras de Comercio, pero el resto de grupos ha optado por la necesidad de que los acuerdos sean por unanimidad y en caso de desacuerdo irresoluble resolvería la administración autonómica.

Con esa necesaria unanimidad la ley quiere forzar a las cámaras “a que se pongan de acuerdo” y que no se puedan establecer alianzas de unas contra otras que supongan rodillos, pinzas o atropellos, explicó Estalella.

Esther González, de Nueva Canarias, consideró que el proyecto de ley ha mejorado mucho en el Parlamento respecto al original del Gobierno de Canarias, aunque mantuvo sus enmiendas porque no es idóneo.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, estimó como esencial que se haya asegurado que las cámaras no tengan que ir a la Parlamento todos los años a “suplicar” enmiendas a los presupuestos para garantizar su financiación.

Gustavo Matos, del PSOE, afirmó que ha quedado “una buena ley”, muy compleja de concluir dada la contraposición de intereses que ha habido que atender.

Socorro Beato, de CC, puso el acento en los acuerdos y el alto grado de coincidencia conseguido entre los grupos parlamentarios.