Perplejidad en el Gobierno central tras las declaraciones “subidas de tono” de Clavijo por los menores migrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reaccionado este lunes a las ultimas declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), en las que este ha acusado al Ejecutivo de “atacar” y “amenazar” a las Islas, unas palabras que ha repetido este lunes en una entrevista radiofónica.

La ministra ha reconocido estar “perpleja” tras escucharle y le ha vuelto a recordar que es al PP, socio de Gobierno en Canarias, a quien debe pedir explicaciones sobre su negativa a debatir la reforma de la Ley de Extranjería.

Tras presentar una nueva aplicación móvil de la Seguridad Social, la ministra ha calificado de “tremendamente injustas” las manifestaciones de Clavijo, quien criticó al Gobierno por las advertencias que hicieron tanto el Ministerio de Infancia como la Fiscalía respecto al nuevo protocolo de atención a menores migrantes aprobado por el Gobierno de CC-PP, ya que podría incurrir en un delito de abandono y contiene diversos errores de forma y fondo. En opinión de la ministra, lo único que ha hecho el Ejecutivo central es pedir que se garanticen los derechos de los menores no acompañados que llegan a las islas en cayucos, que, según considera el Ejecutivo, quedan en entredicho con el nuevo protocolo.

Clavijo calificó de “ataque” estos avisos, unas palabras que para Saiz están “subidas de tono”. España “tiene y va a seguir teniendo la mando tendida, no va a cejar para intentar desbloquear la situación” con Canarias. La ministra también ha pedido a Clavijo que le pregunte a su socio de Gobierno, el PP, que es el que ha dado la espalda. 

Errores en el protocolo

La Fiscalía, tras analizar el texto del protocolo publicado en el Boletín Oficial de Canarias el jueves pasado, explicó que este incluye requisitos para poder atender a los menores que no están recogidos en la Ley de Extranjería ni del Menor. Además, que el Gobierno canario elude hacerse cargo de la atención urgente a los menores cuando se trata de una competencia recogida en el propio Estatuto de Autonomía del Archipiélago y recuerda que si Canarias quisiera renunciar a esta obligación tendría primero que reformar su propio estatuto en el Parlamento canario.

La Fiscalía también señaló que el documento envía la responsabilidad de la atención a estos menores al Estado, pero Canarias, ni ninguna otra comunidad, tiene potestad para dictaminar competencias estatales.

Además, advirtió de que incorporar los requisitos que ha aprobado el Gobierno canario para hacerse cargo de los menores implicaría añadir burocracia y alargar el procedimiento previo a la acogida, con lo que no solo se ponen en riesgo las garantías jurídicas, sino que se podrían vulnerar los derechos de estos niños y se alargaría su estancia bajo custodia policial antes de prestarle asistencia.

Sobre todas estas cuestiones alertó la Fiscalía, que también señaló que, de aplicarse el protocolo, el Gobierno canario podría incurrir en un delito de abandono. La reacción de Clavijo ha sido la de tachar todas estas consideraciones de “ataque” y “amenaza”.