El Plan contra la Pobreza se aprobará el 29 de julio
La aprobación definitiva de la estrategia canaria frente a la pobreza, la exclusión social y a favor del desarrollo humano 2013-2015 ya tiene fecha. El próximo lunes 29 de julio la Cámara legislativa abordará una pequeña esperanza de 190,9 millones de euros para destinarlos a más de la mitad de los canarios, según las cifras de Cáritas, y los 35.000 hogares del Árchipiélago que carecen de ingresos.
Así lo ha decidido este viernes la Junta de Portavoces, apenas 24 horas después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde a una estrategia “abierta, tanto en contenido como ficha financiera”, que deberá ser completada con las aportaciones que hagan los distintos grupos parlamentarios durante el debate.
Tal y como anunció la consejera regional de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, la ficha financiera que se incluirá en la comunicación que el Ejecutivo remite al Parlamento para su debate se fija en un presupuesto de 37,3 millones de euros para el segundo semestre del año, una cuantía que será de 76,8 millones tanto en 2014 como 2015.
La Estrategia se basa en cinco pilares: empleo, vivienda, cobertura social, atención a la infancia y desarrollo humano.
Los grupos parlamentarios podrán presentar sus propias propuestas de resolución a un documento que el Gobierno ya ha consensuado con los actores sociales y políticos implicados, como son los ayuntamientos, cabildos y distintas ONG.
Empleo: principal arma contra la pobreza
En principio, la primera línea estratégica del Ejecutivo es la dinamización de la economía, como generador de empleo y principal arma de lucha contra la pobreza.
Salvo que los grupos parlamentarios la cambien, esta línea cuenta con dos medidas generales: la de Desarrollo Empresarial (crear empleo mediante microcréditos, proyectos de autoempleo o proyectos innovadores) y el Plan de Empleo Social.
La segunda línea de actuación es la Cobertura Social, que contará con cinco medidas: la modificación del Fondo Canario de Financiación Municipal; el mantenimiento y consolidación de los Servicios Sociales a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas; la cobertura de necesidades básicas en la que se destinarán fondos adicionales para servicios de alimentación y alojamiento, con el fin de garantizar comida y techo a las personas en exclusión también por motivos económicos, y la modificación de la Ley de Prestación Canaria de Inserción (PCI) para cambiar el perfil del demandante, la simplificación administrativa y priorizar a las familias con niños y niñas a cargo.
En cuanto a la atención a la Infancia, tercer pilar de la Estrategia, el Gobierno tiene previsto la aprobación de II Plan de Infancia y Familia.
No desalojar a los desahuciados
El cuarto pilar será la política de Vivienda, con la modificación de la ley Canaria de Vivienda, con el fin de evitar el desalojo de sus viviendas a las familias desahuciadas en situación de emergencia social, así como dinamizar el parque de viviendas vacías que existe en el mercado en manos de entidades financieras y entidades jurídicas.
En cuanto al Desarrollo Humano, Rojas ha asegurado que su “es la participación de las personas en su propia inclusión, no sólo como meros beneficiarios sino como protagonistas y agentes activos en su propio desarrollo”.
Para ello, se potenciará “la participación de las personas y de las cooperativas en la dinamización de la economía a través de la Ley de Emprendimiento mediante la promoción del trabajo autónomo y la concesión de ayudas para el inicio y consolidación de la actividad”.
Liberar 50 millones
Asimismo, la Junta de Portavoces ha decidido que tras el debate sobre pobreza el pleno apruebe en debate de lectura única el proyecto de ley de medidas aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) durante este año.
Con esta medida, el Gobierno permitirá a 49 ayuntamientos pagar deuda a proveedores y ayudas de emergencia social con unos 50 millones que inicialmente el Fondo reservaba para mejorar el saneamiento de las arcas municipales.
El anteproyecto de ley consta de un artículo único que modifica la Ley del Fondo para propiciar que los ayuntamientos menos endeudados y con mayores índices de saneamiento económico financiero el 50% del FCFM a la cancelación de la deuda comercial a 31 de diciembre de 2012, a inversión o a ayudas de emergencia social.
