El PP destaca que la UE pondrá coto a posibles abusos en la asistencia sanitaria transfronteriza
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 (EUROPA PRESS)
El eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, ha valorado positivamente las limitaciones que desde el Parlamento Europeo se han introducido en materia de asistencia sanitaria transfronteriza a través de la aprobación, durante esta semana, de la directiva que regula la prestación de dichos servicios.
Para Mato, era necesario que se adoptase un acuerdo en este sentido, teniendo en cuenta el importante gasto que esto conllevaba especialmente para comunidades eminentemente turísticas, como la canaria, “que se veían obligadas en muchas ocasiones a soportar gastos de atención sanitaria de turistas que aprovechaban su estancia en las Islas para someterse a intervenciones que en su país de origen debían costear de su bolsillo”.
El eurodiputado insiste en un comunicado en que la nueva normativa permitirá que se eviten casos de “abuso”, ya que, como norma general, será el país de afiliación, considerado como tal el de residencia del paciente, el que sufrague los costes que habrían sido abonados en su territorio por el mismo tratamiento. En caso de que exista una diferencia de precio, correrá a cargo del paciente.
Gabriel Mato insiste en que con esta medida se da respuesta a la continua demanda trasladada desde Canarias de que se fijase una compensación económica para cubrir el coste que supone la atención a la población turista extranjera y a los inmigrantes. En este sentido, recuerda que el Archipiélago recibe anualmente del orden de 12 millones de visitantes, lo que supone multiplicar por seis la población sujeta a protección sanitaria, y a los que, tal y como establece la normativa en vigor, está obligada a prestar atención sanitaria y farmacéutica.
No obstante, matiza que la propia naturaleza de la directiva garantiza la atención sanitaria en el extranjero, ya que se contempla que el Estado miembro de afiliación debe dar a los pacientes el derecho a recibir en otro Estado miembro como mínimo las mismas prestaciones que en el suyo, dando cumplimiento de esta forma a uno de los derechos básicos y fundamentales de los ciudadanos europeos en condiciones de seguridad y calidad.
Por otro lado, Gabriel Mato recuerda que los Estados miembros contarán con un plazo de dos años y medio para incorporar la norma a sus respectivas legislaciones, al mismo tiempo que insiste en el papel que pueden jugar en este caso la creación, contemplada dentro de la normativa, de puntos nacionales de contacto para dar información a los pacientes que estén pensando en solicitar un tratamiento en otro país de la UE.
