Los propietarios de Huertas rechazan el acuerdo con la filial de Mapfre
Veintidós herederos de las 32 parcelas en el Valle de Las Huertas, en la trasera de la playa de Las Teresitas, no están dispuestos a aceptar la oferta hecha hace unas semanas por Desurcic, la filial de Mapfre, para que cedan sus propiedades y la promotora pueda llevar a cabo una urbanización en esos 120.000 metros cuadrados de tierras, en contra de lo manifestado días atrás por el que era su representante, Guillermo Acuña, quien llegó a decir que el 95% de los afectados estaría a favor.
Esos vecinos serían los propietarios de 16 parcelas, además de los cinco que han puesto el caso en manos del Miguel Cabrera Pérez-Camacho y otro cliente de Felipe Campos.
Los abogados Pérez-Camacho y Felipe Campos han desmentido a Acuña, quien aseguró que la oferta que se hacía a los propietarios era “inmejorable”, al darles en contraprestación tres parcelas con un total de 10.000 metros cuadrados, propiedades de Inversiones Las Teresitas, con todos los servicios, sobre la que podrían construir entre 100 y 120 chalés, que a su vez podrían ser revendidos.
El litigio sobre el Valle de Las Huertas se remonta a más de 40 años, cuando el Ayuntamiento expropió parte de las parcelas. Tras una larga batalla judicial, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado en parte la razón a los vecinos, a los dijo que habría que indemnizar, aunque la mayoría lucha por que se les devuelvan sus propiedades e incluso han hecho frente a las palas excavadoras de Dragados, colocándose frente a ellas como escudos humanos.
Seguirá la lucha judicial
No está claro que Inversiones Las Teresitas (ILT) tenga los derechos para urbanizar todos esos terrenos expropiados, o eso es lo que sostiene Felipe Campos, quien asegura que la vía civil sigue abierta para recuperar “las legítimas propiedades”, sin que ello suponga 15 años de pleitos y dos millones de euros en gastos judiciales, como asegura Acuña.
Por su parte, Pérez-Camacho sostiene que cabe agotar la vía administrativa “llegando incluso al recurso de amparo ante el Tribunal Supremo”, y la vía civil, aunque matiza que ésta es más larga y más costosa.
El Valle de las Huertas es un elemento clave en el proceso de urbanización de Las Teresitas, el mismo que se acordó desestimar en un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pasado mes de septiembre, al tiempo que se aprobó echar por tierra todo el proyecto de urbanización de Dominique Perrault y derribar el macroedificio levantado a la entrada de la playa, bautizado popularmente como el mamotreto.
Hace un par de semanas, en cuanto Miguel Zerolo cerró el pacto de cogobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el Partido Popular, el grupo municipal de Coalición Canaria presentó un recurso ante lo Contencioso-administrativo para dejar sin efecto los acuerdos de ese pleno y seguir adelante con la urbanización de la playa.
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo anuló la compraventa de once fincas en el frente de playa de Las Teresitas, operación que se llevó a cabo en septiembre de 2001, por ser contrario al ordenamiento jurídico, lo que significa que el Ayuntamiento de Santa Cruz, que es el comprador de las parcelas, debe devolverlas a ILT e ILT debe devolver al Ayuntamiento los 54 millones de euros que cobró por la venta en una actuación que investiga la Fiscalía Anticorrupción y por la que Antonio Plasencia, Miguel Zerolo , Manuel Parejo e Ignacio González han sido imputados por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El representante de la promotora Desurcic es Pedro González, uno de los hijos de Ignacio González.
En medio de este maremagnun jurídico, los propietarios de 32 parcelas en Las Huertas luchan por mantener sus propiedades o que les abonen lo que realmente valen ya que son unos terrenos más que apetecibles para cualquier constructor.
En 2005, Mapfre compró 120.000 metros cuadrados de esos terrenos a ILT por 100 millones de euros, mientras que ILT los adquirió en una junta de compensación al Ayuntamiento, y de paso se hizo con terrenos que no estaban en esa junta, los terrenos que ahora están en litigio y cuyos dueños se han visto borrados del registro mercantil.
