El PSC pide una auditoría a la Ley de Dependencia
El grupo socialista en el Parlamento de Canarias ha reclamado que la Audiencia de Cuentas realice una auditoría de los recursos y la gestión que hace el Gobierno de Canarias de la Ley de Dependencia, ante el “bloqueo institucional” para su aplicación por parte del Ejecutivo regional.
Canarias destaca como la comunidad autónoma española que menos dictámenes y menos beneficiarios tiene en la atención a la dependencia, en parte debido a que el Gobierno de Canarias desvía los fondos que recibe del Estado para otros usos, según denunciaron en rueda de prensa los socialistas.
Además, el Gobierno canario no aporta la parte que le corresponde para su financiación y ha centralizado toda la gestión en la Consejería de Bienestar Social, excluyendo a cabildos y ayuntamientos, lo que bloquea burocráticamente el sistema, de acuerdo con el PSC-PSOE.
Detrás de ese bloqueo a la aplicación de la ley y al cumplimiento de los derechos de los dependientes canarios hay mucha gente que sufre y hay muchos empleos que no se crean, unos 15.000, declararon la diputada Francisca Luengo y el portavoz parlamentario, Santiago Pérez.
La solicitud a la Audiencia de Cuentas de una auditoría integral pedida por el grupo socialista debe ser aprobada por el pleno del Parlamento para que se lleve a efecto.
Según datos del IMSERSO sobre la situación de la Ley de Dependencia en España a fecha 1 de marzo, Canarias es la comunidad autónoma que menos dependientes perciben alguna prestación en relación a su población (6.900 personas, el 0,33%), mientras en el conjunto de España el 1,1% de los habitantes es beneficiaria.
También cierra Canarias la clasificación en cuanto a dictámenes emitidos, con un porcentaje del 0,96 por ciento (media nacional del 2,37%), mientras que respecto a solicitantes llega al 1,25%, frente a una media nacional del 2,62 y solo por encima de Madrid, con el 1,04%.
El caso de las evaluaciones es especialmente grave desde un punto de vista económico, según Luengo, porque parte de la financiación que da el Estado está en función de ese parámetro, de manera que “no valorar cuesta muy caro” a la Comunidad Autónoma.
El resto de la financiación necesaria para la aplicación de la Ley de Dependencia, en concreto para la creación de nuevos servicios, es aportada en un 50% por el Estado y el 50% por la Comunidad Autónoma.
Pero el Gobierno de Canarias, dijo Luengo, no sólo no aporta la mitad que le corresponde, sino que además desvía el dinero del Estado a financiar servicios sociales previamente existentes, para ahorrar así en el presupuesto que ya dedicaba a residencias y otras infraestructuras antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia.
“¿Dónde está el dinero de la dependencia; por qué se destina a otras partidas; por qué no aporta el Gobierno de Canarias el 50%?” son algunas de las preguntas que debe responder la auditoría de la Audiencia de Cuentas, dijo la diputada.
Los socialistas quieren también que se aclare la mala gestión, que lleva a que se tarde dos años en resolver una solicitud, cuando legalmente no debe durar más de seis meses, lo que lleva a que las personas más ancianas que tienen derecho a la prestación “mueran por el camino”.
“Boicot” del Gobierno de Canarias
Francisca Luengo afirmó que “el boicot” del Gobierno de Canarias a la Ley de Dependencia incluye una gestión cada vez más centralizada que excluye a cabildos y ayuntamientos, en lugar de dar participación a las corporaciones insulares para realizar las evaluaciones.
Ante este panorama, los socialistas consideraron una falta de respeto que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, haya responsabilizado a los dependientes del mal funcionamiento del sistema por presentar demasiadas solicitudes.
Si Canarias está en los últimos lugares en cuanto a presentación de solicitudes es por la falta de compromiso del Gobierno de Canarias y por el desánimo que produce en los posibles beneficiarios la falta de respuesta, según Santiago Pérez.
A diferencia de otras comunidades, en Canarias la Ley de Dependencia no se ha traducido en la creación de “ni un solo servicio” nuevo a los dependientes, y especialmente grave para el PSC-PSOE es que no se haya creado ni siquiera el servicio de ayuda a domicilio.
Esta falta de servicios, dijo Luengo, desaprovecha una gran nicho de empleo, en torno a 15.000 personas, que además, si ocurre que el familiar dependiente al que cuidan llega a fallecer estarán formados y en condiciones de incorporarse al mercado laboral para cuidar otros dependientes.
Luengo acusó al Gobierno de Canarias de “desnaturalizar” el sistema de dependencia, porque a las personas beneficiarias solamente les da prestaciones económicas, en lugar de nuevos servicios, ya que le sale más barato.
“El Gobierno de Canarias considera la Ley de Dependencia como un gasto y una carga, en lugar de como una fuente de inversión y de empleo”, además de un derecho de los ciudadanos, dijo Francisca Luengo.
