El grupo socialista en el Parlamento Europeo ha pasado a la acción, al contraataque, en la defensa integral de los intereses de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea (UE) con vistas al septenio 2028-34, entre ellas, claro está, la comunidad autónoma de Canarias, la que tiene más peso poblacional y económico dentro de ese grupo de territorios comunitarios alejados del continente.
El motivo de esta acción política es, nada menos, como bien reconoce el eurodiputado canario del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, que la propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), el del septenio 2028-2034, “representa una amenaza sin precedentes para las RUP de la UE”.
Para empezar a hablar, ese documento, ya oficial (está aprobado y publicado en el DOCE), recorta el 20%, uno de cada cinco euros actuales, los fondos que ahora reciben las RUP con cargo al presupuesto 2021-27, en cuyo reparto Canarias es una de las regiones más beneficiadas y, por lo tanto, luego podría ser una de las más afectadas (2028-2034). Aquí radica parte de la gran preocupación, del problema central, entre otros factores añadidos.
Tal y como ha reconocido el grupo socialista en la Eurocámara en uno de sus documentos de análisis de la situación, “lo que [ahora mismo] está sobre la mesa no es una simple reforma técnica: se trata de un ataque frontal al corazón mismo de la integración europea” y de las RUP, como así además se reconoce en Canarias, por ejemplo, por las organizaciones profesionales agrarias, entre otras instituciones públicas y privadas vinculadas al sector agropesquero local.
El PSOE tiene claro que ha llegado el momento de hacer un “llamamiento” lo más extenso posible con el fin principal de “no permitir un retroceso que comprometa el futuro de las regiones ultraperiféricas. Es hora de actuar juntos. Es hora de alzar nuestra voz”, se sostiene desde el grupo socialista. Y para ello, los impulsores de la alianza de defensa de las RUP invitan a todos y todas a unirse para defender y garantizar un “futuro justo, sostenible y solidario para todas esas regiones” alejadas.
La razón de tal desafió tiene que ver con el contenido ya publicado de la propuesta que hizo la Comisión Europea (el primer paso serio en el trámite administrativo-político) sobre el que está llamado a ser nuevo presupuesto comunitario, el del septenio 2028-34, o si se prefiere, del proyecto de Marco Financiero Plurianual para ese mismo periodo, junto con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en su seno.
La posible aplicación de este paquete central de medidas, sostienen los socialistas, de entrada supone “el incumplimiento del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que garantiza medidas específicas para responder a los retos permanentes de las RUP (Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, Mayotte, San Martín, Azores, Madeira y Canarias)”, algo que no es aceptable al tratarse de derecho primario de la UE.
Pero no solo eso, sino que la propuesta elimina, finiquita, “instrumentos vitales para las RUP, como el Posei agrícola, el Feder-RUP y los mecanismos de compensación de sobrecostes, fundamentales para sectores como la pesca y la acuicultura (ahora en el fondo estructural FEMPA, 2021-27)”. Ello supone una merma del 20% respecto a los recursos financieros que de la UE ahora reciben las RUP, algo totalmente insostenible.
Por si fuera poco, destaca el mismo documento político, se produciría “una competencia desleal entre fondos, regiones y territorios, a través de los nuevos planes de colaboración nacional y regional, lo que debilitaría los principios de subsidiariedad, la gobernanza multinivel y la autonomía regional”.
Ante ese descalabro, el mostrado en la propuesta de la Comisión Europea sobre el MFP para 2028-34, los socialistas en el Parlamento Europeo defienden la defensa de varias cuestiones básicas, irrenunciables, que son:
-La protección del artículo 349 del TFUE como pilar jurídico para políticas sólidas y adaptadas a las RUP.
-La continuidad y el refuerzo de los instrumentos políticos y financieros específicos que compensan las desventajas estructurales de las RUP, o sea, que se mantenga un marco singular y diferenciado para estas regiones.
-La definición de un frente político, unido y fuerte, en el Parlamento Europeo, en las regiones, en el Consejo Europeo y ante la sociedad civil para la defensa de los cambios a partir de la propuesta de la Comisión. La decisión final es compartida entre el Parlamento y el Consejo.
-La participación activa de los gobiernos regionales y nacionales, los sindicatos, las cámaras de comercio, los socios estratégicos y otros agentes en todo este proceso de defensa de las RUP, para lograr la fortaleza y la presión que conduzcan a los consensos políticos necesarios para trabajar ajustes tan estructurales.
-Y luego la movilización de la opinión pública y de los medios de comunicación para dar visibilidad al papel esencial de las RUP en la UE.
Una nueva visión que nace en el ala de la derecha
En julio pasado, la Comisión Europea presentó su propuesta de nuevo MFP, el presupuesto que definirá el rumbo de la UE a partir de 2028 y hasta 2024 (siete años). Para Fernando López Aguilar, lo que entonces Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, puso sobre la mesa “no es una simple reforma técnica: se trata de un ataque frontal al propio corazón de la integración europea”.
Pero ¿por qué? Así lo explica el mismo eurodiputado socialista canario: “El objetivo [de esa propuesta] es fusionar la Política Agrícola Común (PAC), la Política Pesquera Común (PPC) y la Política de Cohesión en un único instrumento, eufemísticamente denominado Planes de Asociación Nacional y Regional. Este cambio, sin precedentes en la lógica de las políticas comunes, abre la puerta a medidas fragmentadas, diferentes en cada país, con claros riesgos de desigualdad y distorsiones en la solidaridad interterritorial e incluso en el propio mercado único”, señala.
La retórica de la presidenta de la Comisión, añade López Aguilar, “habla de ‘flexibilidad’ y de la capacidad de adaptación a los desafíos globales. Pero la realidad es muy distinta: estamos ante un giro ideológico que destruye la cohesión y pone en riesgo la pesca y la agricultura, ignorando las consecuencias que ello tendrá para millones de europeos, especialmente en las regiones más periféricas”, las RUP. Y remata: “Para las RUP, como es el caso de Canarias, el impacto sería devastador. No solo se reducirían drásticamente los recursos disponibles, sino que también desaparecerían las garantías que durante décadas nos han protegido como territorios con condiciones específicas reconocidas por los tratados. Lo que se propone es que pasemos a competir aún con más desventajas, con menos fondos, con menos seguridad y sin instrumentos históricos como el Posei o los mecanismos de compensación en la agricultura, la pesca o el transporte”.