El PSOE majorero acusa al Gobierno de España de impedir contrataciones en el sector público
El Partido Socialista de Fuerteventura, a través de su Vicesecretario General, Juan Jiménez González, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de impedir la contratación de personal en las administraciones públicas de ámbito local tras no derogarse el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre en el último Consejo de Ministros.
Según Jiménez, tras tres años de la aplicación en el sector público de unas “supuestas medidas urgentes” en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público con esta norma que impide la contratación de personal “obviando la diferenciada salud económica de las corporaciones”, el Gobierno continúa con este Decreto a pesar de que su presidente, Mariano Rajoy, “se jacta de anunciar el fin de la crisis”.
“Devienen contradictorias las previsiones del Gobierno, ya que si hemos dejado atrás la crisis, no tiene sentido mantener una norma que coarta muchos servicios públicos, precisamente por carencias de recursos humanos, en instituciones como el Cabildo de Fuerteventura, que estaría en razonable disposición de ofrecer mejores servicios en ese sentido”, indica el Vicesecretario General de los socialistas majoreros.
Desde el PSOE denuncian que en virtud de la “restrictiva normativa laboral vigente” tan solo se puede reponer la tasa de vacantes provenientes de las pre jubilaciones o las enfermedades de larga duración, obviando las jubilaciones y cualquier cobertura vía oferta pública de empleo. No obstante, al respecto se especifica como única excepción la posibilidad de incorporar plazas de militares de Tropa y Marinería. Para Jiménez esto es un “evidente ejemplo de lo que se entiende desde el PP como claro servicio esencial, quizás engarzado en una ineludible filosofía militarista de la que cuesta despojarse, o quizás en aras a la salvaguarda de los intereses de determinadas multinacionales -léase Repsol- que desarrollan su actividad, por ejemplo, en aguas cercanas a nuestras costas”.
Así, sostienen que muchas administraciones públicas se ven abocadas paulatinamente “a encorsetar y adelgazar servicios incluso esenciales”, con el riesgo que ello supone para muchas personas que precisan de los mismos, “independientemente de la preocupante desnaturalización que ello supone para el objeto social de las propias administraciones públicas”.
