El PSOE, sobre el rechazo de Mogán a que un hotel aloje a mayores sin apoyos: “Con nórdicos con dinero, no habría problema”

“Si fuesen personas de países nórdicos, con ojos azules o verdes, y el bolsillo lleno de dinero, ahí sí que no habría problemas para que vayan a Mogán”. Miguel Ángel Pérez, diputado del PSOE en el Parlamento de Canarias, ha afeado al Gobierno regional de CC y PP que “le ría la gracia” a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ha impulsado la reforma de un plan turístico para impedir que un hotel pueda seguir alojando, como residencia de tránsito, a pacientes que llevaban años viviendo en hospitales públicos de la isla con el alta médica y que no disponen de apoyo familiar o comunitario.

La derivación de ese tipo de pacientes al complejo de apartamentos Palmera Mar, en la zona de Puerto Rico, comenzó a mediados de julio. En principio, fueron 22 las personas trasladadas, aunque la intención era que en este recurso temporal se pudieran alojar hasta 74 pacientes con este perfil. No se llegó a esa cifra porque Sanidad paralizó las derivaciones después de que Onalia Bueno (Juntos por Mogán), que también fue candidata de CC al Parlamento de Gran Canaria, expresara su oposición.

La alcaldesa de Mogán pretende ahora prohibir esas derivaciones. Para ello, dictó una providencia a finales de septiembre con el objetivo de instar al Gobierno de Canarias a reformar el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, aprobado en 2015, para prohibir los usos comunitarios (entre los que se encuentran los asistenciales, sociales y sanitarios) como complemento del principal. Es decir, del alojamiento turístico. Según Bueno, esos usos “no son acordes” con el modelo turístico que plantea para el municipio del sur de Gran Canaria.

“¿Se imaginan al resto de alcaldes haciendo esto? Yo no”, ha señalado el diputado socialista, que ha calificado de “repugnante” la actuación de la alcaldesa de Mogán y ha

recordado que las personas que fueron trasladadas a ese complejo de apartamentos de Puerto Rico en julio son mayores, dependientes, sin recursos y, en muchos casos, en situación de desamparo.

Pérez ha recordado que esas derivaciones, fruto de un acuerdo entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y la propiedad del complejo Palmera Mar, estaban avaladas por los servicios de Acreditación y Conciertos del organismo público, sobre la base de la orden dictada de manera conjunta por las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales en marzo de 2022 para facilitar el traslado a recursos de tránsito de los pacientes que permanecen en los hospitales públicos con alta médica y que requieren atención sociosanitaria.

“Con reírle la gracia a la alcaldesa de Mogán, ni ustedes apoyan la sanidad canaria ni humanizan la sanidad, sino que convierten a nuestra comunidad autónoma en un circo”, ha concluido Pérez, que ha cuestionado si en el Gobierno de CC y PP “gobierna Casimiro Curbelo (líder de la Agrupación Socialista Gomera) u Onalia Bueno” y que ha lamentado que ninguno de estos partidos haya dicho “lo más mínimo” cuando “una de sus alcaldesas (en referencia a la de Mogán) se pone a vociferar en ese sentido”.

El diputado del PSOE también ha preguntado en el pleno a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, si hay algún argumento jurídico o sanitario que le impida “poner en marcha” la orden de marzo de 2022 para la derivación de este tipo de pacientes a recursos de tránsito o intermedios mientras logran plaza a través del sistema de atención a las personas dependientes.

La herencia recibida

En su réplica, Monzón (CC) ha acusado al PSOE de no haber hecho “nada” para resolver el problema y ha señalado que al principio de la pasada legislatura (en el año 2020) eran 290 las personas que permanecían en los hospitales públicos con el alta médica y sin posibilidad de abandonarlo y que ahora son ya alrededor de 545 en esta situación. La consejera aludió a la herencia recibida: “Recogemos lo que ustedes han hecho”.

Monzón recordó que en 2017 el Gobierno de Canarias firmó junto a los cabildos un plan para la creación de infraestructuras sociosanitarias con el fin de solventar el déficit de plazas residenciales para mayores, un déficit que ahora se cifra por encima de las 8.000. Ese plan estaba dotado con 250 millones de euros y cofinanciado por los propios cabildos. “Estamos en 2023 y no se ha hecho nada. Estamos recogiendo la inactividad de los cabildos, que no han ejecutado el plan sociosanitario”, ha señalado.

La consejera de Sanidad ha evitado referirse al caso de Mogán que comentó el diputado socialista. “No estamos hablando de Mogán ni de nada. Estamos hablando de plazas hoteleras (Monzón cometió un lapsus al querer referirse a sociosanitarias) en hospitales públicos. Ellos están ahí. Y están pasando de 190 plazas den 2019 a 545. ¿Qué hizo el Gobierno anterior? Nada. Dennos una oportunidad y trabajemos juntos”, dijo.

En cuanto a las medidas que plantea para solucionar el problema, la consejera de Sanidad señaló que este mismo martes se ha creado una comisión “técnico-política” entre su departamento y el de Bienestar Social que lidera Candelaria Delgado para analizar la situación y que, en la primera reunión, los técnicos han expuesto la “imposibilidad de llevar a cabo la orden” de marzo de 2022, sin precisas por qué.

Monzón ha dicho, además, que las unidades de Trabajo Social de los hospitales están trabajando en las “circunstancias” que impiden el retorno de esos pacientes con sus familias y “proponiéndoles recursos”, mientras que, en los casos de abandono, se está avisando a la Fiscalía. Según explicó la consejera de Sanidad, su homóloga en Bienestar Social está trabajando en un decreto para “simplificar el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia” y tiene la voluntad de crear durante esta legislatura “entre 4.000 y 6.000 plazas residenciales”, además de firmar un convenio con la Fecam (Federación Canaria de Municipios) para integrar la ayuda a domicilio que dan los ayuntamientos en el sistema de Dependencia.