Ruano afirma que las indemnizaciones que piden los empresarios por la ley de moratoria son “excesivas”

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Presidencia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, ha afirmado hoy que las indemnizaciones que piden los empresarios por la ley de moratoria que prohíbe la construcción en detrimento de la protección del territorio son “excesivas”.

Así lo manifestó hoy el titular del área en declaraciones a los medios de comunicación concedidas tras la inauguración de las Jornadas de Administración Electrónica que se celebran en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

“Las indemnizaciones que se piden y que son dadas son excesivas, todas son excesivas, la forma de medir eso por parte de la sala de lo contencioso a nosotros nos parece desmedida en todo caso”, expresó Ruano.

No obstante, reconoció que la tasación inicial “es una pretensión”. “A mi no me preocupa tanto lo que pidan sino que nosotros tengamos la capacidad final de determinar cuanto valen las cosas y que se realizan las valoraciones ajustadas a derecho”, dijo.

Asimismo, esperó que “los tribunales empiecen a pensar que las tasaciones no pueden ser solo de parte y que la jurisdicción contencioso administrativa tiene también a su alcance elementos para propiciar valoraciones periciales que no son las que presentan los demandantes”.

Con respecto a la indemnización de 550 millones de euros que pide el grupo Lopesan, el consejero aseguró que “cada caso habrá que verlo” porque “hay promotores que tienen un derecho consolidado y otros que no lo tienen”.

En cualquier caso, consideró prioritario “que se conserven los valores de protección del territorio que se buscan y a su vez se hagan sin conculcar derechos subjetivos y eso en cada caso habrá que verlo”.

Ruano recordó que algunas de estas peticiones son anteriores a la moratoria en la que se “ganaron muchísimos pleitos por parte de la Comunidad Autonómica pero aquellos en los que los propietarios ganaban su pretensión de responsabilidad patrimonial eran aquellos que tenían un proyecto de urbanización aprobado y finalmente no pudieron ejercer en el tiempo su derecho, por tanto se hace un reconocimiento de responsabilidad patrimonial”.

“La ley de medidas urgentes definida este año ya contempló medidas para evitar justamente que se produjeran responsabilidades patrimoniales en la articulación de la nueva norma”, afirmó el consejero

Por tanto, “tal como está configurada la ley actual no da origen a derechos indemnizatorios más que la propia ley prevé, tanto en la posibilidad de ejercer sus derechos por parte de aquellos que tienen un proyecto de urbanización aprobado que esta perfectamente reconocido en la regulación de la ley actual”, sentenció.

“En la ley de abril hay un conjunto de medidas que propician que aquellos que tengan un derecho subjetivo puedan ejercerlo de una u otra manera. La ley establece una indemnización administrativa en relación con la autoregulación legal que en algunos casos se cambian derechos por indemnizaciones en otros se cambian por capacidad de urbanización en otras partes, es decir hay medidas que tiene la propia ley y que son las que dan salida”, concluyó Ruano.