Sanidad y Justicia, los servicios públicos que peor reciben los canarios

Respecto a los menores inmigrantes, Alcaide indicó que se trata de menores culturalmente diferentes, por lo que hay que hacer un esfuerzo para su formación y educación, y al respecto manifestó que no sabe si hay capacidad económica y de formación para hacerlo.

Estimó que esos menores pueden tener un futuro muy desgraciado si no tienen la formación adecuada, y afirmó que al Diputado del Común lo que le interesa es que estén atendidos porque en caso contrario habría que buscar soluciones.

Señaló que no entra a discutir si es el Estado o la Comunidad Autónoma la que debe atender a los menores, “lo que digo es que deben estar atendidos”, y matizó que si no se cumplen las condiciones necesarias para garantizar su formación sería mejor que fueran repatriados a sus países de origen.

Alcaide, que concluye en 2007 los cinco años de mandato al frente de la institución, afirmó, respecto a la materia judicial, que la tutela judicial efectiva es inexistente dado que no se tienen los medios materiales y de personal suficiente para garantizarla.

Señaló asimismo que lo que no se puede es tardar tres años en la celebración de un juicio.

Más de 10.000 consultas

Indicó que aunque el número de quejas presentadas ha sido de 1.569 y las tramitadas 2.829, se han resuelto más de 10.000 consultas porque el ciudadano acude a la institución en busca de amparo dado el grave defecto de la administración es que no contesta a sus reclamaciones.

Planteó también reflexionar sobre la profesionalización de determinados cargos de esta institución, tales como la secretaría general o los asesores.

Respecto al informe de 2006, Alcaide destacó la creación del área de discapacidad y la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, que, en materia de mayores, debe fomentar las ayudas a domicilio, el aumento de plazas residenciales y el cuidado y prevención de los enfermos de alzheimer.

También destacó las quejas presentadas por los niveles de ruidos en las ciudades y en ese sentido se refirió a las jornadas que por segundo año se han convocado para estudiar este asunto y que, según dijo, no han tenido un resultado exitoso dado que las administraciones no han tomado las medidas adecuadas.

En comercio y consumo resaltó la falta de respuesta a las reclamaciones de los usuarios y, en materia educativa, se refirió a las quejas por las dificultades en el acceso de alumnos a los centros concertados.

También afirmó que no hay las cárceles necesarias y, respecto a medio ambiente, Alcaide indicó que el informe constata las quejas por la ejecución de obras en espacios naturales y por la falta de respuesta de la Administración.

En sanidad, el diputado del Común dijo que las listas de espera, los servicios de urgencia y el transporte sanitario no urgente han sido los motivos principales de las quejas, al tiempo que se quejó de que la falta de respuesta de la Consejería de Sanidad a las reclamaciones de la institución.

Gabriel Mato, del grupo Popular, además de valorar la institución, confió en que el incremento del número de quejas se deba a que hay una mayor confianza en ella y, respecto a la tutela judicial, estimó que los ciudadanos deben confiar en la Justicia.

Sobre la inmigración, Mato lamentó que el Gobierno central no asuma “que ha hecho las cosas mal” y respecto a los menores no acompañados dijo que su atención compete “a muchos” por lo que no se debe dar la espalda al Gobierno de Canarias.

Flora Marrero, de CC, consideró que los ciudadanos ven en el Diputado del Común una esperanza para encontrar una solución a sus quejas, y en este sentido se refirió a que son los mayores los que más número de quejas presentan.

Marrero lamentó que ha sido constante la poca atención que desde el Estado se da a los menores inmigrantes, por lo que pidió al Diputado del Común que interceda para que aumente la colaboración estatal.

Julio Cruz, del grupo Socialista, afirmó que los ciudadanos han perdido la esperanza en la institución y dijo que hay un acallamiento sobre aspectos como la situación de menores en reforma o en protección, que en anteriores informes si se trataban, y recordó que en Canarias hay 20.000 jóvenes bajo la tutela de la Comunidad Autónoma y 6.000 que requieren medidas especiales de atención.

Rechazó la posibilidad de que los menores puedan ser repatriados sin que se tengan las garantías precisas en sus países de origen, y aseveró que la protección de los menores está encomendada a la Comunidad Autónoma con competencias exclusivas del Gobierno de Canarias mientras que el Estado ha tenido un papel de mediador para facilitar el traslado a otras autonomías.

Cruz, que defendió la actuación judicial para que las administraciones respondan al Diputado del Común, afirmó que la Dirección General del Menor es uno de órgano que “no hace ni caso” a esta institución y, entre otros aspectos, destacó que en sanidad, el propio informe revela la “no buena gestión” sanitaria y por ello precisa la reforma del Servicio Canario de la Salud.