Los sindicatos cifran en 470.646 euros el coste de la anulación de la RPT en la capital grancanaria
Los sindicatos UGT, CSIF e Intersindical Canaria han reclamado este viernes al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no recurra la sentencia que anula la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2014 y abone los 470.646 euros que dejaron de percibir 270 empleados municipales tras su aplicación.
Los representantes de estos sindicatos, que son los que recurrieron la relación de puestos de trabajo (RPT), han informado en rueda de prensa de que el alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), les ha manifestado que su intención es no recurrir el fallo, siempre que los servicios jurídicos y económicos estén de acuerdo, porque, de lo contrario, podría incurrir en prevaricación.
El coordinador de IC (Intersindical Canaria) en el Ayuntamiento, José Manuel Rodríguez, ha recordado además que la RPT de 2015, que también fue aprobada por la anterior corporación del PP y en contra de los trabajadores, ha sido objeto de otro recurso por parte los tres sindicatos, que estarían dispuestos a retirarlo, en caso de llegar a un acuerdo extrajudicial con el gobierno municipal.
Rodríguez ha manifestado que el “espaldarazo” que supone esta sentencia a los trabajadores también sienta un precedente judicial importante, pues “aventuran un fallo similar” para la RPT de 2015, ya que esta tampoco se negoció con los sindicatos, motivo único y suficiente que ha llevado a la nulidad de la de 2014, sin necesidad de valorar los siete argumentos restantes.
Como consecuencia de la aplicación de la segunda RPT, según los tres sindicatos, en caso de que prospere la demanda, el Ayuntamiento tendría que abonar una mayor cantidad por retribuciones que han dejado de percibir a los trabajadores, que han cifrado en más de 800.000 euros y que afecta a unos 900 empleados.
El representante de IC ha señalado que la reunión mantenida con Hidalgo, en la que también ha estado presente el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mario Regidor (PSOE), ha sido la primera para entablar las negociaciones con los trabajadores.
La representante de UGT en el Ayuntamiento Penélope Rubio ha destacado “el buen talante y la disponibilidad” a negociar del nuevo gobierno, que les ha expresado su intención de normalizar las relaciones con los trabajadores.
Los tres sindicatos han informado de que existen más de 300 demandas presentadas contra la corporación, la mayoría de pequeña cuantía y por pérdida de derechos.
La sentencia dictada por la juez de lo Contencioso número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Esperanza Ramírez, hecha pública este jueves, supone además un “chute de moral” para los trabajadores, ha indicado Rodríguez, quien ha augurado que habrá más fallos favorables ante el “maltrato sufrido” como consecuencia de la política laboral del PP.
Los sindicatos también han informado de que han solicitado una aclaración de la sentencia, cuyo alcance jurídico tienen que valorar.
El presidente del CSIF en el Ayuntamiento, Leonardo Perera, ha insistido en que confía en que el gobierno de la corporación no recurra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 3, y ha denunciado las “coacciones” y “chantajes” sufridos por los tres sindicatos que presentaron la demanda contra la RPT ahora anulada.
Los tres líderes sindicales, junto a un grupo de trabajadores han celebrado el triunfo de esta demanda ante las puertas del Ayuntamiento, donde se han quitado los chalecos que emplearon en sus protestas durante el anterior mandato, como símbolo del fin del conflicto.
