Soria elude responsabilidades directas del PP en la censura de Firgas
“Las responsabilidades del PP en el municipio grancanario de Firgas debe examinarlas la dirección general del partido en Gran Canaria, porque se trata de una cuestión insular”. Con estas palabras José Manuel Soria, presidente regional del partido, eludió este miércoles tomar partido en la moción de censura que recompondrá el Consistorio local y que pondrá en manos de los populares, el sábado 23 de febrero, la primera y la cuarta tenencia de Alcaldía, así como el departamento de los Servicios Sociales, cuando hasta ahora no tenían representación en el grupo de gobierno, controlado por Compromiso, el Partido Socialista Canario (PSC) y Nueva Canarias (NC).
Para Soria, la iniciativa de levantar un expediente a los miembros del PP que han participado en la moción de censura, gestada mediante la intervención Manuel Báez, miembro de NC contra el que existe un expediente de expulsión del partido por trasfugismo, es una cuestión “que afecta única y exclusivamente a la isla de Gran Canaria, sin relevancia para el conjunto del grupo político”. Y dice que no entiende la sorpresa de “algunos partidos, que precisamente están gobernando con tránsfugas, como es el caso del Cabildo”, en clara referencia al pacto entre PSC y NC.
Con respecto a las opiniones de otros miembros del PP de ámbito nacional, que afirmaron públicamente que no es el momento más propicio para gestar una operación de este tipo, de cara a las elecciones generales el 9 de marzo, Soria sólo apuntó que se trata de una opinión como otra cualquiera.
El municipio norteño de Firgas estos días está agitado debido al cambio de opción política de Baéz, por la que el sábado obtendrá la alcaldía de la localidad. La moción de censura contra el actual alcalde Jaime Hernández (Compromiso) sigue adelante, a pesar de las denuncias a Anticorrupción por supuestas irregularidades en la gestión durante el mandanto anterior y que según algunos miembros cercanos a Hernández, fue el motivo de la moción de censura que se basa en la “pérdida de confianza en la corporación, excesivo personalismo y deterioro de la situación política”.
