Urbanismo se pone del lado vecinal

El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín Bethencourt, considera que el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) supone un paso definitivo en la solución del contencioso histórico sobre las propiedades situadas en la trasera de la playa de Las Teresitas.

La resolución obliga a convocar una reunión de la Junta de Compensación y el edil cree que en la misma “se resolverá de forma definitiva este enfrentamiento”. Martín Bethencourt quiso transmitir a los vecinos afectados que “no tengan ninguna duda de que el Ayuntamiento de Santa Cruz está de su lado, por primera vez en la historia y vamos a hacer todo lo posible en beneficio de Las Huertas, como siempre debió haber ocurrido desde el principio”.

En este enclave se ubican dos ámbitos separados, como son el núcleo residencial de Montaña Morera y los terrenos de Las Huertas. En el primero de los casos las propiedades desaparecieron del Registro de la Propiedad y aparecieron a nombre de Inversiones Las Teresitas (ILT). En el segundo un centenar de vecinos reclama que se les indemnice por lo que dejaron de cobrar tras la venta en 1998 de sus solares a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia. “Ahora disponemos de una herramienta fantástica para poder hacer un nuevo proyecto de reparcelación, de urbanización y atender la demanda histórica de los vecinos de Montaña Morera para crear un subpolígono separado de Las Huertas y de la playa”, dijo el concejal.

Martín Bethencourt apunta que el acuerdo que se tome en la Junta o bien pasará por indemnizar a los propietarios que así lo requieran o por volver a inscribir las propiedades a nombre de sus dueños originales.

En su último auto, el TSJC reconoce el derecho a que sean escuchados los argumentos de los vecinos que en 1989, cuando se aprobó el proyecto de reparcelación, que reparte las cargas y beneficios entre los propietarios, ni siquiera fueron citados a la reunión. Pero a la vez el TSJC defiende los intereses de los nuevos compradores a los que atribuye que actuaron como “terceros de buena fe”.

Martín Bethencourt a título personal lo descarta y señala que “cualquier persona de Santa Cruz conocía muy bien el contencioso histórico que se ha centrado sobre este ámbito desde hace 50 años y por lo tanto sabían lo que estaban comprando”. Admite el concejal que la condición de terceros de buena fe sólo puede ser desarmada en el ámbito civil al que remite el auto en caso de que no se llegue a un acuerdo amistoso. No obstante rechaza acudir a esta vía en cuanto “supondría eternizar durante veinte años más un pleito que ya ha durado demasiado”. Aún así admitió que, tal y como viene recogido en el auto, los nuevos compradores han adquirido con el tiempo unos derechos que también tendrán que ser tenidos en cuenta.

El concejal afirmó este lunes en rueda de prensa que está convencido de que en la reunión de la Junta se tomará una solución pactada y no habrá que volver a los tribunales donde el contencioso permanece enredado desde hace varias décadas. El concejal indicó que los técnicos de Urbanismo no tienen nada que dictaminar sobre este asunto y, por lo tanto, no cabe la posibilidad de que se vea obligado a tomar una decisión en contra de lo que apunte su propio organismo. “Ellos no pueden decir si el acuerdo es legal o alegal”. El plazo para convocar esta reunión abarca un mes y el concejal indica que lo va a cumplir “escrupulosamente”. De hecho, a finales de esta semana hay programada una reunión con los abogados de los vecinos para planificar el contenido de la asamblea y los argumentos que se van a poner sobre la mesa para intentar desenredar este contencioso histórico.

El concejal indica que lo ocurrido viene a avalar su decisión de dejar suspendido este ámbito en el Plan General de Ordenación (PGO) en la última remisión del documento a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). “Es evidente que no tiene sentido ordenar lo que es imposible cumplir, porque cualquier resolución que adoptemos va a significar un perjuicio dado el enredo judicial que existe en este enclave”.

Martín Bethencourt no duda de que el auto del TSJC marca “un antes y un después” en este largo enfrentamiento y mantiene que, tal y como ha hecho siempre el PSOE, “apoyaremos a los vecinos que una noche se acostaron con los títulos de propiedad guardados bajo el colchón y se levantaron al día siguiente sin nada”. Dijo que cuando su partido estaba en la oposición ha mantenido una línea de defensa de la legalidad y de estos propietarios que ahora continuará desde su puesto al frente de la Gerencia.

“Los vecinos pueden estar tranquilos porque ya no están solos a la hora de enfrentarse a las palas”, dijo el concejal en referencia a las luchas que estos propietarios han tenido que emprender para evitar que las obras invadieran sus terrenos. Recordó que hasta ahora los tribunales siempre han dado la razón al Partido Socialista Canario-PSOE en todos los contenciosos que ha interpuesto, tanto en Las Huertas, como en el frente o con el mamotreto.

Durante la rueda de prensa celebrada en la sede santacrucera del PSOE, la secretaria local, Patricia Hernández, coincidió también en valorar de forma positiva la resolución judicial y dijo que el nuevo grupo de gobierno en el que participa su partido está decidido a cambiar el rumbo de las anteriores mayorías. “Todos van a ver como en Las Huertas se pone fin a la injusticia y al expolio. Los vecinos afectados pueden contar con nuestra absoluta complicidad porque ahora tienen en el Ayuntamiento a un aliado y no a un enemigo como ocurría antes”.