Los vecinos de Almáciga no logran un acuerdo para evitar el derribo
Tras una tensa reunión con los vecinos de las zonas de Almáciga, Tachero y el Roque de Las Bodegas, Fernández advirtió de la necesidad de respetar la Ley de Costas ya que “con una resolución alegre se abre un resquicio por el que numerosos asentamientos, algunos de ellos irregulares, pasen a ser liberados de esta servidumbre”.
Los representantes vecinales de las zonas de Almáciga, Tachero y roque de las Bodegas afirmaron que “no se puede tratar a los pueblos de Galicia del mismo modo que los canarios” y consideraron que si es necesario se debe realizar una modificación en la Ley de Costas para ajustarla a la realidad de cada lugar.
La reunión, que tuvo lugar en la mañana de este lunes, transcurrió con cierta tensión y duró más de una hora. Pudieron escucharse las voces acaloradas desde fuera de la sala de reuniones de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, donde aguardaban pacientemente los periodistas.
Al término de la reunión una decena de vecinos salieron, unos más alterados que otros, y muchos de ellos con cara de decepción y abatimiento. Algunos ni siquiera quisieron hacer declaraciones a los medios allí presentes. Otros, como por ejemplo un vecino mayor de Almáciga, declaró agitado mientras se marchaba: “somos un pueblo con 350 años de antigüedad y hay que cuidarlo y respetarlo. ¡Son una hartada de sinvergüenzas todos ellos, así de sencillo, sinvergüenzas todos!”.
Por el contrario, José Fernández, que “tenía interés en recibir a los vecinos, porque en estas visitas personales siempre se aprecia mejor cual es la problemática”, comentó tras la reunión que ésta le había permitido “conocer un poco más de cerca las circunstancias que concurren en este tema. Aunque es posible que no estén del todo satisfechos los vecinos, ha sido una impresión muy fructífera y muy productiva”.
El director general de Costas dijo que “en este asunto tenemos que ser muy estrictos de acuerdo con la legalidad, no puede ser de otra forma. Aunque estamos dispuestos a trabajar y a hacer un esfuerzo con la autoridad territorial, con el Gobierno Autónomo, con el Ayuntamiento y con los vecinos para encontrar soluciones que a los vecinos les puedan resultar satisfactorias, pero ello con un respeto escrupuloso, estricto y riguroso de las limitaciones que establece la Ley de Costas.”
Reuniones que “llegan tarde”
Alejandra Perdomo, portavoz de los vecinos de esta zona de Anaga, dijo que “ya es tarde” para reunirse dado que será el juez el que determine si estas zonas tienen o no características urbanas.
Perdomo se refería así al contencioso presentado por los vecinos y en el que reclaman que las diferentes zonas sean consideradas de urbana para que de esta forma el deslinde marítimo terrestre sea de 20 metros y no de 100 como establece la Ley de Costas para zonas no urbanas.
Los vecinos afirman que tienen pruebas anteriores a la ley de 1988 de que se trata de suelo urbano y por ello debe disponer de una línea de servidumbre de protección de 20 metros con respecto al mar.
La portavoz vecinal declaró que la excusa por parte de la administración central para impedir la calificación de suelo como urbano, son las “posibles peticiones” por parte de otros pueblos españoles.
“Si le ponen 20 metros a Almáciga se abren otros frentes en el resto de España, pero vivimos en una isla, somos distintos y nos tiene que tratar con esas diferencias”, apuntó Alejandra Perdomo. Además, añadió que Almáciga tiene más de 350 años de antigüedad, por lo que las autoridades deben “mirar nuestro caso en concreto” y por ello propuso cambios en la ley de Costas al tiempo que advirtió de que si hace falta “lucharemos por los veinte metros que tienen otras zonas de aquí”.
José Fernández respondió que están “dispuestos a trabajar y hacer una esfuerzo con la autoridad territorial, el gobierno autónomo y el ayuntamiento” pero advirtió que deben “ser estrictos de acuerdo con la legalidad”. En su opinión, de lo que se trata es de “aliviar la presión sobre la costa” por lo que en este caso,“no podemos hacer una excepción a la Ley de Costas”.
El director general de Costas afirmó que no van “a interrumpir las vías de negociación y trabajo en común con la Comunidad Autónoma”, pero que no desean producir “un acto que sea un coladero para otras localidades” del país.
