Vivienda anuncia celeridad para expropiar
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, admitió este miércoles que los políticos no han sido capaces de solucionar el problema de los desahucios, pero agregó que no es tiempo de lamentos sino de modificar la ley canaria de vivienda “con la máxima celeridad”.
Esta reforma legal, similar al decreto aprobado en Andalucía y anunciada este martes por el presidente regional, Paulino Rivero, consiste en expropiar a los bancos por tres años, y con un justiprecio que se decidirá judicialmente, las viviendas que las entidades financieras han adquirido en procesos de desahucios de familias que se encuentran en situación de emergencia social.
Inés Rojas, que compareció en el pleno del Parlamento para hablar de este asunto, no aclaró, a preguntas del diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez, de dónde saldrán los fondos para proceder a las expropiaciones.
Lo que sí dijo es que la reforma de la ley de vivienda se hará con la máxima celeridad y que se incluirán medidas para movilizar el parque de viviendas vacías en manos de las entidades financieras.
Admitió que los políticos han fallado a la hora de resolver el problema hasta ahora, por eso subrayó que ahora tienen “una oportunidad brillantísima” para reconciliarse con la ciudadanía, de modo que se vea que la política sirve para canalizar las demandas ciudadanas, porque para eso son servidores públicos.
Indicó que en Canarias se produjeron 2.400 desahucios en 2012 y aún hay pendientes de resolución judicial 9.400.
Frente a este problema, “hay que ser inteligente, humilde y generoso para copiar las buenas ideas que puedan tener otros”, manifestó en referencia a la Junta de Andalucía.
La diputada del PP María Australia Navarro afirmó que expropiando no se solucionan los problemas y subrayó que ha sido su partido en las Cortes el que por primera vez va a aprobar una ley que defiende a los deudores hipotecarios.
Recordó que el PSOE, con el apoyo o el silencio cómplice de CC, rechazó cuando gobernaba hasta diez iniciativas parlamentarias en defensa de los afectados, y en cambio decidió endurecer la legislación.
“El corta y pega de Rivero resulta inútil, ineficaz y llega tarde”, dijo Navarro.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias elogió la actuación de la sociedad civil al hacer visible el problema de los desahucios y apoyó la reforma legal anunciada por el Gobierno regional, después de las Cortes no hayan estado a la altura de las circunstancias ni en la etapa socialista ni en la del PP.
Consideró no obstante que con las expropiaciones temporales no se resuelve el problema de fondo, y de hecho es lo que menos preocupa a los bancos, que lo que temen sobre todo es que se realicen actuaciones contra las viviendas que mantienen vacías.
“Son una buena noticia para la sociedad canaria las medidas anunciadas por Rivero si se cumplen, ahora el Gobierno tiene que ser claro diligente y rápido” y definir criterios realistas sobre los requisitos de los deudores en los casos de expropiaciones temporales de las viviendas.
En cuanto a la movilización de las viviendas vacías, instó al Gobierno a pensar bien cómo lo va a hacer, porque es un asunto jurídicamente complicado.
Manuel Fajardo, del PSOE, defendió la dación en pago y alertó del riesgo de desafección hacia los políticos si no actúan de forma rápida, contundente y eficaz.
Jose Luis Perestelo, del grupo nacionalista, reconoció el fracaso de los políticos y su incapacidad para garantizar los derechos ciudadanos, pero ahora lo importante no es echarse las culpas unos a otros, sino aportar soluciones y escuchar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
