Cuando los derechos humanos se convierten en negocio
Actualmente hay en el mundo más de 43 millones de personas que necesitan protección internacional.
Alrededor del 90% de estas personas son acogidas en países empobrecidos. Frente a esta realidad, Europa se muestra cada vez más insolidaria con las personas refugiadas, aumentando, por ejemplo, las restricciones para acceder al derecho de asilo.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) echará el cierre después de verano si las administraciones públicas no saldan sus deudas con la organización, que ascienden ya a un millón y medio de euros. En torno a 35.000 personas al año dejarían de ser atendidas si esto sucediera.
En España las solicitudes de asilo han caído un 65% en los últimos 10 años. Es uno de los países que menos personas refugiadas acoge.
Si las administraciones no saldan sus deudas, CEAR podría cerrar después del verano dejando a 35.000 personas sin atención.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 1978.
Tiene como principal misión defender y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional. Prestando especial atención a aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social.
En Canarias están presentes desde 1986.
CEAR cuenta con centros de acogida a personas solicitantes de asilo y refugiadas, dónde se les facilita alojamiento y toda una serie de servicios fundamentales para avanzar en su proceso de autonomía y de integración social. Proceso en el que son acompañadas por profesionales que ofrecen atención social, psicológica, jurídica y laboral.
A través de la denuncia, la movilización social y la incidencia política, CEAR busca derribar barreras políticas y sociales que impiden la consecución de derechos de las personas refugiadas. Velando así, por el derecho de asilo.
La mayoría de las personas necesitadas de protección internacional son acogidas en países empobrecidos.
La defensa de asilo no es solo una defensa del estatuto de protección internacional para las personas refugiadas que llegan a España, es también la denuncia de las causas que originan los desplazamientos forzados; la reivindicación de los cumplimientos de estándares mínimos de derechos humanos en la gestión de los flujos migratorios; una nueva forma de entender la migración y el asilo en contextos de vulneración de derechos civiles y políticos, pero también de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
El trabajo que realiza la organización, es una labor jurídica, social y política imprescindible en la crisis económica que atraviesa España.
La desaparición de CEAR pondría en peligro un derecho fundamental al que muchas personas se acogen cuando todos los demás derechos han sido violados.
Informe CEAR 2013 “La situación de las personas refugiadas en España”
Según el Informe CEAR 2013, en 2012 se registró un mínimo histórico en el número de solicitudes de asilo realizadas en España.
Frente al aumento de las peticiones en el conjunto europeo, los tres países de su frontera sur; Italia, España y Grecia redujeron significativamente el número de solicitudes.
Precisamente, es en esos países dónde con mayor vigor se están implementando las “políticas de externalización de fronteras”. Políticas de control de los flujos migratorias que en la práctica están dificultando la llegada a Europa de las personas refugiadas, así como su acceso al derecho de asilo.
A esto hay que sumarle el control férreo de las fronteras y el uso de la política de asilo como instrumento al servicio de ese control.
La mayoría de las personas necesitadas de protección internacional son acogidas en países empobrecidos. Según el informe, en 2011 había un total de 42,5 millones de personas en situación de desplazamiento forzado en el mundo. El 45% de las personas refugiadas bajo el mandato de ACNUR residían en países con un PIB per cápita inferior a 3.000 dólares. Muchos de estos países fueron generadores de población desplazada y refugiada.
España, muy debajo de la media europea en solicitudes de asilo
Existe un marcado desequilibrio entre los países de la Unión Europea en cuanto al número de solicitudes de protección internacional y a los porcentajes de concesión de la misma.
Cinco estados concentraron el 72% de las solicitudes de protección internacional presentadas en la UE: Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido y Bélgica.
Solo seis estados europeos recibieron menos solicitudes de protección internacional que en 2011. Destacando el descenso de España, un 25%.
España se sitúa en el puesto 26 de la UE con 55 peticiones por millón de habitantes, muy por debajo de la media europea de 660 peticiones.
Durante 2012 se formalizaron 2.580 peticiones. Es la cifra más baja que se ha registrado en los últimos 25 años. Se trata de un descenso continuado desde los últimos años. Una tendencia que se ha agudizado desde la aprobación de la nueva Ley de Asilo en 2009.
España se sitúa en el puesto 26 de la UE con 55 peticiones de protección internacional por millón de habitantes.
Por nacionalidades, el país del que llegaron más personas buscando asilo fue Siria, con 255, seguido de Nigeria con 204, de Argelia con 202, Camerún con 121, Costa de Marfil, con 106 y Malí con 101.
Se ha producido un descenso del 90% desde 2006 en las llegadas por medio de embarcaciones, pasando de 39.180 a 3.804 en 2012, de las que sólo 173 llegaron a Canarias.
Al descenso de entradas, hay que sumar, como traba en el acceso al procedimiento de asilo, la práctica sistemática de repatriaciones que en 2012 dieron un balance de 26.457 personas repatriadas.
Externalización de fronteras
Desde hace unos años, Europa ha puesto en marcha una serie de políticas cuya finalidad es contener los flujos migratorios internacionales hacia su territorio.
Estas políticas priorizan la obsesión por la seguridad y el control de fronteras por encima de cuestiones de índole humanitaria.
La externalización de fronteras está teniendo como consecuencia más visible que la vigilancia de las fronteras esté cada vez más alejada del territorio europeo y la disminución de las personas que logran llegar al sur de Europa solicitando asilo.
El reforzamiento de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (FRONTEX), la firma de acuerdos de readmisión de inmigrantes con los países de tránsito y origen o la vinculación de la ayuda al desarrollo a la colaboración en el control de los flujos migratorios por parte de los gobiernos de origen y tránsito, son algunas de las medidas llevadas a cabo por los gobiernos europeos.
Esta política de asilo es el principal elemento que empuja a estas personas a no solicitar protección internacional.
En España, el régimen de visados, las sanciones a los transportistas y el férreo control fronterizo, entre otros, impidieron la llegada de personas necesitadas de protección internacional al territorio español. A esto se suma el carácter expeditivo y disuasorio del procedimiento fronterizo, la falta de información, la carencia de intérpretes y de asistencia jurídica especializada.
La negación de protección internacional a las víctimas de trata
Según el informe de CEAR 2013 “La situación de las personas refugiadas en España”, algunas mujeres que solicitaron protección internacional en puestos fronterizos, procedentes de Nigeria, R.D. del Congo o Malí, mostraban indicios de ser víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
En estos casos, la Oficina de Asilo y Refugio denegó todas las solicitudes planteadas, alegando que no guardaban relación con los requisitos de la protección internacional, obviando el motivo de persecución por género recogido en la Ley de Asilo.
Las autoridades españolas, en cambio, consideran que su situación debe regularse por lo establecido en la Ley de Extranjería para obtener permiso de residencia y por las medidas, existentes en la legislación española, de protección a favor de las víctimas que colaboran en la lucha contra las redes de tráfico y explotación de seres humanos.
El último centro de migración de Canarias, asfixiado por las deudas
El centro de migración de Santa Lucía es el último recurso alojativo que queda en Canarias para acoger a personas solicitantes de protección internacional e inmigrantes en situación de vulnerabilidad tras el cierre de los centros de Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario y de los dos centros de Las Palmas Acoge situados en la capital grancanaria.
Gonzalo Andradas, director del centro de migración de CEAR en Vecindario, cuenta que es posible que tras el verano les espere el mismo futuro si las administraciones no pagan el dinero que les adeudan.
Con espacio para 30 personas y estancia máxima de un año, el centro “no es un taller de formación, ni una escuela de idiomas, es una casa”, explica Gonzalo. “Algunos están estudiando, otros están durmiendo o viendo la tele, en internet, otro puede estar cavando una zanja y otro sacándose la carrera de medicina porque aquí son libres”, añade.
No hay horarios, aunque sí un mínimo control. Su director lo define como, “una casa limpia, donde hay una cama, comida, internet, televisión, libros, lavadora y una puerta abierta”.
Sus huéspedes llegan allí de maneras muy diferentes; hay chicos que salen del Centro de Internamiento de Extranjeros y la policía los traslada hasta allí principalmente por motivos humanitarios. “Llaman y avisan de que los van a traer” explica Gonzalo. “Algunos llegan en barcos como polizones o se pasan unos meses escondidos hasta que dan con nosotros por medio de algún ayuntamiento o de la Cruz Roja”. Otros tocan en la puerta con el pantalón mojado porque acaban de llegar en patera.
Actualmente, vive allí una familia solicitante de protección internacional. Menos la niña y su madre, el resto de los huéspedes son hombres. La convivencia es buena, “sólo tenemos un mando y una tele” bromea Gonzalo.
“Algunos llegan en barcos como polizones o se pasan unos meses escondidos hasta que dan con nosotros por medio de algún ayuntamiento o de la Cruz Roja”.
Hay todo un calendario de actividades en el centro, la clase semanal de español o la visita cada seis meses de un médico de Amnistía Internacional, son algunos de los ejemplos. El itinerario cuelga de una de las paredes; consta de seis áreas; residencial, sanitaria, psicosocial, jurídica, empleo y formación.
En cuanto a los trabajadores, “aquí todos hacemos de todo un poco. Curar heridas, limpiar, mediar en alguna discusión?”, explica Gonzalo.
Hay dos trabajadores que se ocupan del turno de mañana, uno que está por las tardes, dos cuidadores se ocupan de las noches y otro trabajador de los días de fiesta. Una chica que es voluntaria acude los miércoles, principalmente para acompañarles a realizar gestiones o al médico. La plantilla siempre ha estado compuesta por seis personas. Ahora se encuentran inmersos en un expediente de regulación de empleo temporal y van cubriendo las horas como pueden.
A los huéspedes del centro de migración, al alcanzar la mayoría de edad se les caduca el permiso de residencia. La única opción que tienen es vivir en un centro de mayores y el único que queda en Canarias es este.
