Canarias contará con 500.000 euros para aplicar la ley de Mediación Familiar
El Gobierno canario impulsará la aplicación del reglamento de la ley regional de Mediación Familiar con una partida de 500.000 euros consignada en los presupuestos de la comunidad para el próximo año, dijo este jueves el consejero de Justicia, José Miguel Ruano.
Antes de inaugurar el I Encuentro Canario sobre Mediación Familiar, en el que intervienen vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrados, jueces, abogados y expertos en la materia de varias comunidades autónomas Ruano explicó que este reglamento entró en vigor el 1 de octubre y destacó la necesidad de fomentar este mecanismo extrajudicial de solución de conflictos dado el alto índice de litigiosidad que hay en las Islas.
De igual forma se pronunció al respecto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro, quien abogó por dar a conocer este mecanismo extrajudicial, ya que contribuirá a descargar de trabajo a los juzgados de familia que no son, no obstante, los que más colapso presentan.
Castro destacó que en breve se creará el juzgado número tres de Familia en la provincia de Las Palmas, lo que mermará el agobio en el trabajo y afirmó que las ocho nuevas plazas judiciales que se crearán el próximo año en Canarias son las que había solicitado el TSJC por ser las más urgentes.
Sin embargo, lamentó que no haya tenido cabida, dentro de las 150 unidades judiciales aprobadas para toda España, la creación de una sección desplazada de la Audiencia de Las Palmas que atienda los asuntos de los juzgados de instrucción de la capital lanzaroteña y los de Puerto del Rosario, tal y como había solicitado el Ejecutivo regional.
Por su parte, el coordinador del encuentro inaugurado este jueves en la capital grancanaria, el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Pedro Herrera, explicó que con la mediación se pretende que las personas implicadas en un litigio familiar alcancen un acuerdo sólido y solvente para lo que el mediador ha de buscar el espacio adecuado que necesitan para entablar o reanudar el diálogo.
En Canarias existen mediadores y en ambas universidades se imparten máster en la materia, lo que ocurre es que hasta ahora a estos profesionales se ha acudido de forma privada, aunque, en el marco de la ley autonómica, se trabajará en la gratuidad de este servicio y en el registro de mediadores de nueva creación, dijo.
Herrera dijo que el cumplimiento de los acuerdos a los que se lleguen en la mediación familiar lo garantizan los implicados en el procedimiento, para quienes será vinculante. Este acuerdo se traducirá en un convenio regulador que se ratificará judicialmente.
El magistrado concluyó que una cuestión puede ser vinculante e incumplirse, lo que ocurre es que un acuerdo al que se ha llegado a través del diálogo es más sólido y solvente y las posibilidades de incumplimiento son mínimas.
