Solo 85 entidades públicas canarias presentan su declaración de transparencia, tras concluir el primer plazo

Comisionado de Transparencia.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife —

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Un total de 85 instituciones y entidades dependientes canarias han presentado su declaración de transparencia en el primero de los plazos establecidos, concluido el pasado 13 de mayo. En total, son 351 las que deben cumplir con este requisito, por ello, se ha abierto un nuevo plazo de presentación hasta el 21 de mayo. Y como ocurrió el pasado año, es muy posible que se abra un tercer plazo de una semana más, tal y como indican desde el Comisionado de Transparencia.

En el anterior ejercicio llegaron a rendir cuentas sobre sus obligaciones de transparencia como establece la ley casi dos tercios de los 351 instituciones y entidades obligadas. El propio Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, y sus servicios técnicos están manteniendo en estos días reuniones de trabajo en todas las islas, con ayuntamientos y cabildos para facilitar el cumplimiento y ayudar a las instituciones.

Esta declaración se realiza para conocer en qué medida cumplen con las obligaciones de la Ley Canaria de Transparencia, que posibilita a todos los ciudadanos saber de una manera más profunda las actividades de las administraciones. La herramienta telemática 'T-Canaria' creada por el Comisionado permite calcular de una forma abierta el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora en España.

Entre las entidades que ya han presentado su declaración se incluyen el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado este miércoles el Comisionado de Transparencia.

También han presentado su declaración en el primer plazo establecido para ello los ayuntamientos Buenavista del Norte, Fasnia, Candelaria, Arrecife, Pájara, San Bartolomé de Tirajana, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, Valverde, Güímar, Arico, San Miguel de Abona, Artenara, Santa Úrsula, Guía de Isora, Breña Alta, Tazacorte, Mazo e Ingenio. Lo hicieron también otras 62 entidades públicas más (organismos autónomos, empresas públicas, consorcios, etcétera) dependientes de las instituciones principales.

El de Buenavista del Norte, en Tenerife, ha sido el primer ayuntamiento en España que ha presentado telemáticamente este año su 'declaración de transparencia' oficial ante un órgano garante, el Comisionado de Transparencia de Canarias, a través de la nueva aplicación digital 'T-Canaria', la primera que en España permite a todas las instituciones autoevaluarse y rendir cuentas para el informe que cada año ha de conocer el Parlamento regional.

La aplicación telemática e interactiva permite chequear los portales de transparencia para saber si contienen todas las informaciones que les obliga la Ley de Transparencia canaria, puntuando de 1 a 10 en tiempo real para el que la utiliza. Su misión es ayudar a las instituciones a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad. Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado.

En ese mismo punto se facilitan, en una hoja de cálculo, las obligaciones de publicación de contenidos que cada tipo de institución tiene en los portales de transparencia: 165 la Comunidad Autónoma; 153 los ayuntamientos y cabildos; 107 los entes públicos y organismos autónomos; y 89 las empresas públicas de todas las instituciones canarias. Lo que cada ciudadano no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responderle en un mes, según determina la ley.

Si no hay respuesta o es insuficiente, puede presentar recurso sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia, bien desde su casa a través de la sede electrónica, bien en cualquier registro oficial público. Y en aproximadamente tres meses obtendrá una resolución ejecutiva; que obliga a la administración reclamada a cumplirla o a recurrirla ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Canarias.

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