Los afectados de Infantil rechazan que un nuevo tribunal evalúe sus exámenes
El sindicato STEC-IC rechazó este jueves la decisión de la Consejería de Educación del Gobierno canario de someter a una nueva valoración los exámenes de los opositores a Educación Infantil por un tribunal diferente, y advirtió que se producirá una judicialización del conflicto.
Según un comunicado del STEC-IC, la nueva corrección de las pruebas escritas y la repetición de las pruebas orales, contando con el mismo número de plazas, tal como propone la Administración, tendrá como inmediata consecuencia que opositores inicialmente aprobados e incorporados a su puesto de trabajo pierdan el mismo.
El sindicato advirtió en la nota que la judicialización del conflicto será inevitable, con el consiguiente riesgo de que se pueda producir una anulación completa del procedimiento selectivo, lo que multiplicaría el número de afectados y el daño al sistema público educativo.
El STEC-IC defendió su propuesta de ampliar las plazas para duplicar la oferta de empleo en esta convocatoria, con el fin de conseguir que los suspendidos irregularmente las obtegan y los aprobados las mantengan, y resolver “una situación anómala creada por la pérdida de control de la Consejería de Educación”, que afecta a más de 1.800 personas.
Con esa solución, que, según el sindicato, está respaldada por las asambleas de afectados, se beneficiarían los interinos, pues pasarían a absorber hasta unas posibles 400 plazas o más y quedarían plazas suficientes para dar salida a los afectados sin experiencia docente.
Los afectados son unos 150 y están nombrados en sus puestos de trabajo desde principios de septiembre, pero con la solución adoptada por la Consejería probablemente estarán “en la calle a finales de diciembre”, sostiene el STEC-IC.
El sindicato reiteró su apoyo a los tribunales de oposición, que actuaron siguiendo las directrices de obligado cumplimiento emitidas por la comisión de selección, que “no estuvo sujeta a control alguno por la Consejería”, señala la nota.
Así mismo, exigió de nuevo que se asuman responsabilidades por parte de la Dirección General de Personal, de la Viceconsejería y Consejería de Educación, así como del titular de la Función Pública, el consejero José Miguel Ruano, pues es una “vergüenza” que aún no se haya producido.
Fernando Pellicer, miembro del secretariado nacional del STEC-IC, recordó que las personas designadas para la comisión de seleccion coordinadora de la pruebas “se inventaron unos criterios ilegales”, por lo que los aplicados por los tribunales fueron distintos a los que recogía la convocatoria, por lo que el procedimiento quedó “viciado”.
