Aumenta el número de abortos en Canarias
La recién aprobada ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluye como novedad el que una mujer no estará obligada a dar explicaciones para interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 de gestación, ha nacido, según sus precursores, para frenar el número de abortos. En Canarias, la cifra ha crecido un 68,8% desde 2004 hasta 2008, último año del que se tienen datos oficiales.
Así, si en 2004 se produjeron 2.892 en 2008 creció hasta los 4.882, aunque tuvo su pico máximo el año anterior, cuando se registraron 5.181 abortos. De hecho, desde 2007 el número ha ido decreciendo hasta los 4.462 de 2009, este último dato según el Gobierno de Canarias. De confirmarse este dato, el aumento desde 2004 sería del 64,8%, mientras que en la década comprendida entre 1994 a 2004 el aumento fue del 28,3%.
A la par, la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres en las Islas también ha crecido, pasando de los 6,2 por cada millar de mujeres en 2004, hasta los 10 por cada 1.000 de 2008, lo que supone un crecimiento del 61,29%, según datos recabados por ACN Press del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Sanidad y el Instituto Canario de la Mujer.
La mayoría de mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo (23,8%) tenía entre 25 y 29 años, y el 61% lo hacía por primera vez. Asimismo, el 66,6% de las mujeres lo interrumpieron antes de la octava semana de gestación y la inmensa mayoría (96%) alegó riesgo para la salud materna.
En los márgenes de las estadísticas se encuentran los casos más dramáticos, como el hecho de que en 2008 un total de 35 menores de 15 años abortaron, que 27 mujeres habían abortado cinco o más veces o que el motivo de otras cuatro mujeres fue la violación.
Detractores y defensores
No exenta de polémica, la ley ha tenido sus defensores y detractores. Desde el Ministerio de Igualdad, dirigido por Bibiana Aído y algunos expertos que han participado en la elaboración de la norma, consideran que el dar más información sobre el aborto y los anticonceptivos, así como la venta sin receta de la píldora del día siguiente “conseguirán que bajen los embarazos no deseados”, como apuntaba en el diario El País Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid.
En Canarias, la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, declaró a ACN Press en relación a si la ley ayudará a bajar el número de interrupciones que este tipo de decisiones “son tan personales que, si yo me planteo como mujer una situación de un embarazo y un aborto, tanto si yo no decido abortar da igual que exista una ley que me lo permita, son cosas muy personales, pero que si lo decido pues que desde luego exista una ley que me lo garantice”.
Sin embargo, la directora de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Julia Nazco, en los micrófonos de la Cadena Ser, aseguró tener dudas en cuanto a que la norma ayude a reducir los abortos. Además, dijo que los profesionales ginecológicos de Canarias se han mostrado preocupados por la forma de poner en marcha dicha ley y también por el hecho de que esta haya sido elaborada por el Ministerio de Igualdad y no el de Sanidad.
Canarias aplica la ley
En lo que sí se han mostrado de acuerdo ambas es en el hecho de que Canarias ha aplicado la ley desde el mismo día de su puesta en marcha, el pasado 5 de julio. “Canarias está trabajando, con reuniones transversales, todos los requisitos para que esta ley funcione, para que las mujeres que decidan hacer uso de esta ley pues puedan hacerlo con garantía”, declaró Rojas.
Por su parte, Nazco indicó que toda la información que el Gobierno está obligado a facilitar a las mujeres está colgada en la web de la Consejería, así como la orden de creación de los comités técnicos en Tenerife y Gran Canaria para acercar esta información a las mujeres que lo requieran.
Precisamente, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), Lola Padrón, pedía en rueda de prensa “el máximo rigor y celo” en el tratamiento de esta información, así como que el protocolo de aplicación se aplique por zonas básicas de salud y no por islas para facilitar su implantación.
No obstante, Padrón cree que “lo primero es poner en práctica todas las políticas de prevención y de planificación familiar” así como “descolmatar los servicios de quinecología donde las listas de espera superan el año y medio”. Según Padrón, “la falta de recursos humanos va a ser un problema” en la aplicación de la ley.
Coste de la nueva norma
Hay que recordar que la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, cifró el pasado 1 de junio en cinco millones de euros el coste que para Canarias va a tener la aplicación de los dos nuevos decretos que regulan la Ley del Aborto. Roldós dijo que esta cifra resulta de la evaluación de impacto económico que ha hecho su departamento sobre la entrada en vigor de estos dos decretos que contemplan los plazos de garantía para el aborto y la constitución de un Comité técnico.
La consejera destacó que le ha hecho llegar por escrito a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, dicho informe y señala que “se trata de cinco millones que no están presupuestados porque esta Ley no existía”. La evaluación concluye que la cifra eleva hasta los 60 millones de euros en el sistema nacional sanitario.
Una semana después, Padrón consideró que Roldós está “en campaña electoral” por sus críticas a la Ley del Aborto y aseguró que la misma “les da todas las garantías de asesoría técnica para que puedan tomar una decisión con la que esté de acuerdo una menor sin que lo estén los padres”.
“Lo que garantiza la Ley es que una joven puede abortar incluso si hay una divergencia total entre lo que quiere esa chica y sus padres. Y no hablo de cuestiones morales, señora consejera, sino de supuestos tan desgraciadamente comunes como el hecho de que ese embarazo sea consecuencia de un abuso sexual en el seno de la propia familia. ¿Podemos dejar esa decisión en manos de esos padres, señora consejera?”, le espetó.
