Los embargos por la zona azul y verde de Las Palmas de Gran Canaria continúan generando polémica

La zona azul y verde de la capital grancanaria continúa generando polémica. Unidos por Gran Canaria, con el apoyo de la Asociación Canaria de Afectados por la Zona Azul y Verde (AZAV) y La Casa del Funcionario ha presentado recientemente un escrito en el Ayuntamiento solicitando la “paralización cautelar” de la ordenanza de 2014 sobre el estacionamiento regulado. Además, en el documento se pide la revisión de todas las liquidaciones practicadas desde la modificación de dicha ordenanza, así como la anulación y devolución de los importes que han tenido que abonar los ciudadanos.

No es la única iniciativa que se ha promovido. Desde Unidos por Gran Canaria, se han presentado distintas mociones, dice su portavoz Ángeles Batista, que además reprocha que los procesos administrativos no se han llevado a cabo de manera correcta.

Tanto este grupo político como las asociaciones consideran que la ordenanza sobre el estacionamiento limitado, que entró en vigor en 2014, es injusta, además de ilegal, porque estima unas sanciones que superan el 500 y 600 % de la tasa inicial.

Según la concejala, “lo que ocurre es que en un determinado momento hay una indefensión por parte del afectado, al cual se le presupone una culpabilidad, sin llevar los trámites adecuados para demostrar que es la persona que ha incurrido en ese concepto susceptible de penalización”.

En junio de 2017 se estimó la reducción de las tasas sancionadoras, pero después de un año no se ha modificado la ordenanza y el Ayuntamiento sigue sin dar ninguna respuesta, lamenta.

“Se pide una paralización cautelar de la ordenanza a razón de las sentencias firmes que hay ya, en que se habla de un procedimiento tributario que está mal realizado. Es por ello que el Consistorio tiene que devolver a los demandantes el dinero embargado durante los últimos cuatro años”, apunta Beatriz Gálvez, de AZAV.

De incurrir en ese error de forma reiterada se podría estar incluso hablando de una “presunta prevaricación, al tratarse de un procedimiento ilegal”, señala.

“Embargos de hasta 12.000 euros”

Según Gálvez, los embargos pueden ir desde los 150 euros hasta cifras de 12.000 euros. Las razones para estas “diferencias abismales” se pueden encontrar por ejemplo en tener una zona azul en la puerta de casa o del trabajo.

Además, añade que “los embargos son en un principio de 25 euros cada uno, pero es una cantidad que va aumentando según el tiempo que transcurra en que te pasen la notificación. Hay unos cargos generados por intereses y otros cargos en ejecutiva, en caso de que no entiendas bien de qué va el tema y te defiendas mal”.

Batista explica que desde Unidos por Gran Canaria tampoco están de acuerdo con la expansión de la zona azul o verde, pues no se justifica que haya en zonas como Vegueta o Ciudad Jardín, porque no existen centros neurálgicos de administración o de comercio, que es la razón para que existan estas zonas. Por último, añade que apuesta por la rotación gratuita, como existe en otras ciudades de España.

Denuncian la “opacidad” de la gestión de estos aparcamientos

Denuncian la “opacidad” de la gestión de estos aparcamientosDesde la asociación La Casa del Funcionario se han dirigido al Ayuntamiento para pedir datos sobre el dinero recaudado de los apremios y los embargos. Tras no recibir respuesta alguna por parte del Consistorio, recurrieron al Comisionado de Transparencia para redactar una Resolución Estimatoria.

“El problema es que no se sabe a dónde ha ido a parar ese dinero; puede haber ido al Ayuntamiento o a otro destino”, señala Fanny Barreto, presidenta de la asociación. A su juicio, cada vez hay más opacidad por parte de la alcaldía. “Estamos mirando las acciones legales oportunas para pedirle al Alcalde que cumpla con la Ley de Transparencia y nos dé la documentación que nos tiene que dar”, puntualiza.