Colectivos de mujeres piden ''fuera el aborto del código penal''
Las recientes “extralimitaciones” de la Justicia con aquellas mujeres que quieren ejercer su derecho al aborto ha hecho que asociaciones feministas, organizaciones de salud sexual y reproductiva y sindicales de Canarias se hayan concentrado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria para solicitar, entre otras muchas cosas, que el Sistema Canario de Salud asista el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Media docena de colectivos y varias decenas de personas secundaron el acto, bajo una pancarta que clamaba:“fuera el aborto del código penal”.
Esta movilización se convoca ante “la alarma social y la inseguridad de mujeres y profesionales sanitarios, creada por las actuaciones realizadas a instancias de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en relación a la interrupción voluntaria del embarazo” tal y como declararon en su manifiesto las convocantes.
La concentración se inició este miércoles a las 20,00 horas desde la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, en apoyo de las mujeres y clínicas que han sido denunciadas en los último días por hacer uso del derecho al aborto recogido en la ley.
Según declaró Ana Artiles, la asunción por parte del sistema público de este derecho debería ser universal y es una cuestión que se prevé plantear en el futuro al Gobierno de Canarias. Tanto es así, que en el manifiesto elaborado por estos colectivos se exige, con carácter de urgencia, que “se asegure la atención a las mujeres ya citadas en las clínicas clausuradas para que puedan interrumpir su embarazo, remitiéndolas a los servicios de los hospitales públicos inhibirse de esta responsabilidad supone generar un problema de salud pública de serias consecuencias para estas mujeres constituyendo una grave lesión al ejercicio de sus derechos reconocidos en las leyes vigentes”.
No sólo eso, sino que para Artiles la asunción por parte de los servicios públicos de este derecho supondría una mejora, ya que se podría controlar mejor, sería más eficiente y daría mayores garantías a las mujeres.
Extralimitación
En cuanto a esa “extralimitación” de la Justicia que se denuncia, estos colectivos consideran que “tanto las denuncias y actuaciones contra las clínicas autorizadas para a interrupción voluntaria del embarazo, como las amenazas y agresiones que están sufriendo profesionales de dichas clínicas, forman parte de una campaña política de sectores fundamentalistas que tratan de impedir que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo en los supuestos que marca la ley”.
Así las cosas, exigen que las autoridades sanitarias garanticen tanto la salud y la seguridad de las mujeres como el derecho a su intimidad y protección de sus datos clínicos, tal y como establece la vigente Ley de Protección de Datos.
Además, se denuncia “las amenazas y agresiones tanto físicas como verbales que, directa e indirectamente, están sufriendo las y los profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria de embarazo por parte de grupos fundamentalistas”. “Por tanto ?continúa el manifiesto- exigimos que la Delegación del Gobierno y las diferentes administraciones adopten las medidas de protección pertinentes de manera que estas personas puedan trabajar sin presiones, defendiéndose su profesionalidad y ética”.
Para las organizadores, se debe garantizar asimismo el acceso libre, sin ningún tipo de coacción, a todas las mujeres que deciden acudir a las clínicas de interrupción voluntaria de embarazo sin verse increpadas e insultadas por esos grupos.
Por último, se pide a los medios de comunicación “transparencia y profesionalidad2 informativa ante el ”clima de sospecha y criminalización“ tanto de las mujeres como de las y los profesionales y las clínicas que se desprende de crónicas aparecidas estos días, que ”en algunos casos han llegado incluso a tergiversar y falsear datos sobre la realidad del aborto“.
Modificar la ley
En cuanto a la penalización del aborto, las convocantes exigieron al gobierno de España “la modificación de la actual despenalización parcial del aborto, solicitando un cambio de ley que garantice el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo y acabe con la inseguridad jurídica que genera la actual normativa garantizando que tas interrupciones voluntarias del embarazo se realicen de forma normalizada en la red sanitaria pública”.
Además, se exige que este cambio en la legislación venga acompañado de medidas que garanticen la educación sexual en los centros escolares y el acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia.
