Más de 300 denuncias por pesca ilegal en seis meses
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Inspección Pesquera y en colaboración con agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad, “ha iniciado un total de 320 expedientes sancionadores por pesca ilegal, profesional y recreativa, en aguas interiores y marisqueo en aguas interiores y exteriores”, áreas que son competencia del Departamento regional, en las dos provincias canarias entre los meses de enero a julio de 2011.
La Consejería afirma que abril fue el mes en el que se registró un mayor número de denuncias por el desarrollo ilegal de esta actividad, con 24 expedientes incoados, junto a la época estival, en la que se iniciaron un total de 35 expedientes (17 en junio y 18 en julio) debido en parte al buen estado del mar, lo que intensifica el desarrollo de la pesca recreativa, ámbito en el que la falta de licencia y la pesca submarina en zonas no autorizadas de las islas constituyen las principales infracciones.
Por el contrario, enero, con 8 expedientes, y febrero, con 9, representan los meses con un menor registro de prácticas ilegales.
El control de las actividades pesqueras en las Islas corresponde tanto a la Comunidad Autónoma de Canarias respecto de las aguas interiores del Archipiélago, tal como se establece en el artículo 3-a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, como a la Administración pesquera estatal en relación a las aguas exteriores.
El intrusismo profesional y la realización de actividades pesqueras no reglamentarias, constituyen la base de la comisión de infracciones pesqueras de carácter administrativo contra la regulación pesquera autonómica o estatal, según sea el lugar de comisión de las infracciones cometidas, lo que determina la competencia de las diferentes autoridades que tienen la función de realizar el control pesquero.
Otra de las actuaciones que lleva a cabo el Servicio de Inspección Pesquera, que cuenta con un total de nueve efectivos en la provincia, a los que se suman los efectivos estatales a través de sus propios inspectores y de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad como la Policía Canaria y la Policía Local-son las de inspección en materia de marisqueo, control y retirada de material de pesca abandonado-como nasas, tambores y otros artes de pesca-, e información y control en puntos de primera venta y comercialización.
Este tipo de acciones son fundamentales para mejorar la calidad de los productos pesqueros que se comercializan en el archipiélago, así como para preservar los recursos marinos y el medio ambiente, garantizando así la continuidad de actividad pesquera tradicional. La práctica ilegal, no declarada ni regulada es una de las amenazas más graves que planea sobre la pesca y los ecosistemas marinos en las islas.
